El letrado de la administración de justicia del juzgado se lo ha transmitido así a las partes y ha comunicado a los servicios informáticos de la Audiencia Nacional el «carácter urgente» de la solución del problema.
En paralelo a la investigación judicial sobre esta operación, presuntamente orquestada desde el Ministerio del Interior en 2013, la Comisión de Justicia del Congreso ha intentado delimitar durante meses las responsabilidades políticas de estos hechos.