Gobierno y oposición vuelan todos los puentes para renovar el Poder Judicial

Paula de las Heras MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños M. Fernández

Bolaños da un portazo a las exigencias del PP para cambiar el modelo de elección

03 sep 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

El choque entre el Gobierno y el PP a cuenta de la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde el 4 de diciembre del 2018, se agrava día a día. El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dejó claro este jueves que el PSOE no tiene ninguna intención de apoyar, ahora o en el futuro, una reforma del sistema de elección que permita a los jueces designar directamente a doce de los 20 vocales que componen su órgano de gobierno, como reclama de forma sobrevenida el PP.

Y lo hizo con un argumento que desencadenó la polémica. Bolaños alegó que, en una democracia plena, «ni los jueces pueden elegir a los jueces ni los políticos a los políticos» y que los poderes del Estado no se pueden convertir en «departamentos estancos». «Todos han de tener base democrática», dijo.

Sus palabras no solo provocaron la reacción de Pablo Casado, quien se apresuró a exigir su dimisión por atentar, dijo, contra la separación de poderes, la Constitución y la UE. También la Asociación Judicial Francisco de Vitoria le recriminó su actitud. Esta, una de las cinco asociaciones de jueces y magistrados que hay en España, lleva años reclamando una reforma como la que exige Casado; reforma que el PP renunció a impulsar cuando gobernaba con mayoría absoluta pese a haberla llevado en su programa electoral. En su redes, recordó que también la Comisión Europea y el Consejo de Europa han conminado en varias ocasiones a España a dar ese paso y remarcó que el nuestro es, junto a Polonia, el único país de la UE en el que el órgano de gobierno de sus jueces lo eligen solo los políticos. 

Modificación de 1985

España ya tuvo un sistema como el que rechazan los socialistas al principio de la democracia, aunque solo dio tiempo a elegir un CGPJ con esas normas. En 1985, cuando el PSOE gobernaba con mayoría absoluta, la ley se modificó para que el Congreso y el Senado eligieran por mayoría de tres quintos no solo a los ocho vocales elegidos entre abogados y juristas de «reconocida competencia», como establece la Constitución, sino también a los doce que han de ser jueces y magistrados «de todas las categorías judiciales».

La norma fue recurrida por los conservadores ante el Tribunal Constitucional, que, sin embargo, la avaló. A pesar de que Casado insiste en que la Constitución deja claro que los jueces deben tener un papel directo en la elección de al menos una parte de su órgano de gobierno, el artículo 122.3 es ambiguo al respecto. Sí establece cómo ha de elegirse el cupo de ocho juristas, pero en el caso de los doce vocales solo estipula que lo serán «en los términos que establezca la ley orgánica». 

Sin «alternativa»

Bolaños defendió que el mandato constitucional sobre el que, en cambio, no hay duda alguna es el que obliga a renovar el CGPJ cada cinco años y por ese motivo rechazó las condiciones que pretende hacer valer Casado. «La Constitución -adujo en una entrevista en la cadena Ser- no dice que si el principal partido de la oposición tiene alguna excusa la puede poner».

El nuevo hombre fuerte del Gobierno insistió así en que no hay «alternativa» al acuerdo.

El PP ha participado sin problemas en la negociación para la designación del CGPJ otras veces. En noviembre del 2018, Casado cerró incluso un pacto con Sánchez que saltó por los aires al trascender un mensaje en el que los populares se vanagloriaban de ir a controlar el Supremo por la puerta de atrás y, el pasado febrero, a punto estuvo de alcanzar otro.