Debo pedir disculpas por el título de esta crónica, porque no solo es Pedro Sánchez quien se la juega en esta operación de alto riesgo que son los indultos a los condenados del procés. Pedro Sánchez está siempre en la cuerda floja por la escasez de sus propias fuerzas parlamentarias, por la necesidad de hacer pactos sorprendentes, por la acumulación de problemas en la gestión de gobierno y últimamente por las encuestas que se empeñan en situar por delante el Partido Popular en intención de voto. Lo que los indultos aportarán a su equilibrismo es muy simple: si consigue crear un clima de entendimiento con los independentistas que dulcifique las relaciones y abra esperanzas de acuerdo, suyo será el éxito. Si lo complica más, el fracaso puede ser su sepultura política, él lo sabe y ahí termina mi reflexión personal. No estoy ni a favor ni en contra de su persona ni de su presidencia. Sí estoy a favor del interés nacional. Y añado al título de la crónica: quien se la juega con esta decisión es el país.
La idea de conceder los indultos no es nueva. Que levante la mano quien haya creído en los últimos meses que no se iban a conceder. Y que levante también la mano quien esperase que el tribunal sentenciador iba a dar el visto bueno. Lo único que ha sorprendido del informe del Supremo es su contundencia que se resume en dos palabras: «solución inaceptable» y no hay más que añadir, salvo que nos queramos recrear en la falta de arrepentimiento, en la ausencia de compromiso de aceptar la legalidad y en ese aroma de denuncia de prevaricación que se contiene en la referencia a no indultar a quien gobierna o ayuda a sostener a un gobierno.
Se la juega el país, es decir, el conjunto de los españoles, porque el informe del Supremo va a ser utilizado, está siendo utilizado ya, para la confrontación. Sus defensores ven en él la esencia -y la contundencia- de un Estado de Derecho. Sus detractores, que son básicamente los independentistas, ya han empezado a calificar al Alto Tribunal como instrumento represor y se cargan de razones para reclamar la inconstitucional amnistía y reforzar la idea de que tienen que romper con un Estado que les niega derechos que consideran fundamentales. Es decir, lo de siempre, pero actualizado y me temo que agravado.
Y el Estado, otra vez en su debilidad. Debilidad por un doble motivo: por la crisis institucional que supone la confrontación Justicia-Gobierno en asunto tan sensible y por el enfrentamiento entre los principales líderes, que convierte el episodio en una vulgar gresca electoral. Y lo peor es que no hay salida. Ni el independentismo va a renunciar a nada, ni el Gobierno va a dar marcha atrás en su propósito de conceder los indultos porque cree en su capacidad taumatúrgica, ni el Partido Popular va a aflojar en dureza de oposición. Nos han situado la pelota es un terreno de desesperanzada expectación.