Una decisión para amortiguar el daño que deja tocada a la institución

La Voz

ESPAÑA

Los expertos valoran la decisión del monarca de marcharse de España. Para Xavier Arbós es «inoportuna y mal presentada». Lo explica así: «Inoportuna porque en un momento en el que su conducta está siendo investigada da pie a que se interprete como un intento de esquivar las responsabilidades que pudieran aflorar, y mal presentada porque se echa de menos que diga expresamente que estará siempre a disposición de la Justicia». A Santiago Martínez le parece una «decisión egoísta, con la que deja muy tocada la institución de la monarquía». Sostiene que «aniquila al denominado juancarlismo, ya que deja sin argumentos a quienes pudieran defender la constantemente erosionada figura del rey emérito», y prevé que «pasará a la historia como una huida, puesto que se excusa en la protección de la figura del actual rey para simplemente poner distancia por interés personal, alejarse así del peligro y del malestar con su persona». «Este argumento ya no tiene validez en una era, la actual, en la que, al contrario que hace un siglo, cruzar medio mundo ya no te aleja del problema», añade. «Puede que jurídicamente se salve, pero se ha condenado ante el juicio que la historia hará en años venideros», concluye.

Limitar los efectos

En opinión de Fumanal, «debería haber esperado a que el Tribunal Supremo se pronunciara, para evitar precisamente las acusaciones de huida que vienen de sectores que aprovechan esta polémica para ahondar en el debate república-monarquía». «Abandonar el país obedece a una decisión meditada y preparada por la Casa del Rey para intentar amortiguar el daño reputacional que está teniendo la institución a nivel social y mediático», afirma Díez de la Lastra. «Si desde los tribunales españoles se prevé una imputación formal del monarca entonces no se debería haber permitido que abandonase el país, pero como no consta tal imputación tiene el derecho de libre circulación intacto», argumenta. En cualquier caso, «según ha manifestado su letrado, aunque establezca temporalmente su residencia fuera del territorio nacional queda a disposición de la Fiscalía que investiga los hechos», concluye.