Chaves y Griñán, condenados por los ERE

El tribunal considera a los expresidentes «conscientes de la palmaria ilegalidad» de sus actos


mADRID / lA vOZ

Siete años de investigación, uno de juicio y otro más para la redacción del fallo cristalizaron este martes en una contundente sentencia condenatoria para 19 de los 21 ex altos cargos de etapa socialista de la Junta de Andalucía -con los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza- acusados por el mayor caso de corrupción política de España: el de la concesión fraudulenta durante una década (entre el 2001 y el 2010) de casi 700 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis para prejubilaciones o despidos.

En las 1.821 páginas del fallo, recurrible en casación ante el Supremo, lo que retrasará la entrada en prisión de los diez condenados a penas de cárcel, la Audiencia Provincial de Sevilla considera probados los delitos de malversación de fondos públicos y de prevaricación, avalando la tesis de Mercedes Alaya, la primera instructora de la macrocausa, y de la Fiscalía. Chaves ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, mientras que su consejero de Hacienda y sucesor al frente de la Junta, Griñán, lo ha sido a 15 años de inhabilitación por los mismos cargos, además de a otros seis años de cárcel por un delito continuado de malversación

Los jueces sostienen que Chaves, Griñán y los demás condenados eran «plenamente conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos en los que participaron», es decir, la articulación de un sistema fraudulento, oculto a cualquier fiscalización, para camuflar el desvío de ayudas millonarias a personas y empresas vinculadas al PSOE.

Según el tribunal, «la necesidad política de dar una respuesta rápida a los grandes conflictos sociolaborales llevó a los responsables de la Junta a establecer un sistema ágil, si bien tal agilidad se consiguió eliminando los mecanismos de control legalmente establecidos» y provocó una «descontrol absoluto». También señala a Chaves, presidente entonces, como artífice del cambio de procedimiento en la concesión de las ayudas. La sentencia considera que la decisión de otorgarlas era «del Gobierno en su conjunto» y no solo de la Consejería de Empleo, pues era Hacienda la que lo aprobaba y luego Economía y Empleo lo ejecutaba.

El estallido del escándalo de los ERE, en el 2011, supuso el fin de la carrera política de los ahora condenados y el declive del PSOE en Andalucía.

El iceberg de los ERE: medio millar de imputados y 146 piezas aún pendientes

Aunque la sentencia conocida este martes era la más esperada y la de mayor calado político, por quiénes se sentaban en el banquillo de los acusados, no es, sin embargo, el final de la macrocausa de los ERE de la Junta de Andalucía. El macroproceso, cuya instrucción arrancó en el 2011 la jueza Mercedes Alaya, acabó «troceándose» en casi doscientas piezas (187 en concreto) para evitar la prescripción de los delitos. De ellas, 146 siguen vivas (cuatro próximas a ser juzgadas) con 507 personas investigadas.

El troceo del mastodóntico proceso -a lo que Alaya siempre se resistió- se produjo en el 2015, después de que la primera instructora ascendiera a la Audiencia Provincial de Sevilla. La magistrada que la sustituyó, María Núñez Bolaños, fue la responsable de hacerlo. También transformó las imputaciones de Alaya en demoras y archivos. Tanto, que el pasado mes de julio la Fiscalía Anticorrupción -que recurrió sistemáticamente ante la Audiencia Provincial los archivos de Núñez, con éxito- acabó denunciando a la jueza ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque su «desatención» y sus «retrasos injustificados» ponen en peligro que se pueda hacer justicia, dado el riesgo de prescripción de los delitos. El CGPJ aún no se ha pronunciado sobre la falta muy grave por la que Anticorrupción la denunció.

Las 146 piezas separadas cuyas investigaciones siguen abiertas -inicialmente eran más, pero algunas se archivaron por la prescripción de los delitos- se corresponden con cada una de las ayudas sociolaborales irregulares concedidas a empresas por la Junta de Andalucía, aunque los responsables políticos de su concesión no volverán al banquillo, dado que ya han sido juzgados en la pieza política de los ERE. Este más de centenar de casos forman un segundo bloque de la macrocausa, y cuatro de ellos están pendientes de juicio en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Una es sobre los 1,4 millones de euros que recibió Juan Francisco Trujillo, el chófer del ex director general de Trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, que declaró haberlo gastado con su jefe en cocaína y prostíbulos. Las otras tres causas, que podrían juzgarse a partir de septiembre del 2020 se corresponden con las ayudas irregulares que recibieron otras tantas empresas.

Hay una tercera derivada en la macrocausa: la pieza que investiga las comisiones cobradas por consultoras y aseguradoras que actuaron como mediadores de los expedientes de regulación de empleo. Hay una veintena de imputados y se estima en más de 60 millones de euros el dinero malversado en sobrecostes.

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