Gibraltar se la juega con el «brexit»

La salida de la Unión Europea dejará al Peñón a expensas del derecho de veto español


La materialización del brexit supondrá la salida de la Unión Europea de Gibraltar, un territorio convertido en una especie de paraíso no solo fiscal, sino también del contrabando y la delincuencia. El acuerdo que pactaron hace unos días Bruselas y Londres no incluye ninguna referencia adicional sobre este asunto, por lo que blinda el derecho a veto de España sobre cualquier negociación futura sobre este territorio. 

¿Qué supondrá el «brexit» para Gibraltar?

En el momento en el que se concrete, Gibraltar quedará fuera de la UE, a la que se adhirió el 1 de enero de 1973 tras la entrada del Reino Unido en el entonces denominado Mercado Común. 

¿Qué estatus tiene Gibraltar en la UE?

Muy privilegiado, un estatus al que España no se pudo oponer porque todavía no era miembro de la UE. Cuando entró, en 1986, tuvo que reconocer esos derechos adquiridos. Gibraltar forma parte del mercado interior europeo, pero no de la Unión Aduanera, con lo que se beneficia de la libre circulación de personas, servicios y capitales, lo que le permite ser una especie de paraíso fiscal, con impuestos y aranceles distintos, aunque la UE y los organismos internacionales no lo consideren técnicamente como tal. 

¿En qué consiste el derecho de veto?

En que ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se podrá extender automáticamente a Gibraltar, si no es con el visto bueno de España. Es decir, tendrá la última palabra sobre las decisiones que se tomen. En suma, podrá decidir si Gibraltar se beneficia de futuros acuerdos entre la UE y el Reino Unido. 

¿Puede España negociar la soberanía?

Sí. España no ha renunciado nunca a la soberanía de Gibraltar, pero ha aparcado de momento la reivindicación, que se fundamenta en la inclusión del Peñón en la lista de Naciones Unidas de territorios sometidos a descolonización y en posteriores resoluciones. Según esa doctrina, Gibraltar es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, que conculca el principio de integridad territorial. A cambio de no poner esa exigencia como condición sine qua non, España supedita la aplicación del acuerdo de divorcio a que Gibraltar colabore en el ámbito fiscal, el contrabando de tabaco y el tema medioambiental. 

¿Es posible una cosoberanía hispano-británica?

España ofreció en su día a los gibraltareños un acuerdo de cosoberanía hispano-británica, retomando la propuesta que estuvo a punto de aprobarse por los gobiernos de Aznar y Blair. Era la única posibilidad de que Gibraltar permaneciera en la UE, pero fue rechazada. 

¿Cuáles son las reivindicaciones sobre la soberanía?

Son tres. En primer lugar, sobre la soberanía del territorio cedido por el Tratado de Utrecht de 1713. En el mismo se concreta que son solo «la ciudad y castillo de Gibraltar, juntamente con su puerto, defensas y fortaleza que le pertenecen». Londres tiene un título legítimo que dimana de ese tratado, que España no discute, pero considera que debe devolver ese territorio. En segundo término, la concerniente al territorio ocupado por el Reino Unido que España nunca ha cedido y que supone dos tercios del istmo. Madrid lo considera ocupado ilegalmente. Es importante porque sobre ese terreno está construido el aeropuerto sin el cual la viabilidad económica de Gibraltar sería muy dudosa. En tercer lugar, las aguas territoriales, sobre las que España no reconoce ningún derecho de soberanía británico. 

¿Qué asuntos son objeto de negociación?

Además de la propia soberanía, reclamación que de momento ha aparcado España, el fraude y la evasión fiscal y el contrabando de tabaco. También los relacionados con la pesca en la bahía de Algeciras, debidos a la pretensión gibraltareña de ejercer la jurisdicción sobre las aguas territoriales que España nunca cedió, el bunkering que provoca daños ambientales o la presencia periódica de submarinos. 

¿Ha habido acuerdos bilaterales?

Sí. Londres y Madrid firmaron en noviembre del 2018 cuatro memorandos sobre Gibraltar anexos al Acuerdo de Salida que se refieren a cuestiones clave de la relación entre España y la colonia británica: los derechos de los trabajadores transfronterizos; el contrabando de tabaco; los problemas medioambientales y la cooperación policial y aduanera. Está pendiente de aprobación por los parlamentos nacionales de un tratado fiscal para evitar la competencia desleal de Gibraltar.

Más de 30.000 sociedades con una población de solo 34.000 habitantes 

Gibraltar obtiene una parte sustancial de sus ingresos gracias a la evasión y el fraude fiscal y el contrabando de tabaco, que perjudican los intereses españoles. En un estudio para el Real Instituto Elcano titulado El Brexit, Gibraltar y España, Fernando Eguidazu, ex secretario de Estado para la UE, da unos datos reveladores.

-Las importaciones de tabaco de Gibraltar alcanzaron en el 2011 los 127 millones de cajetillas anuales, lo que para una población de 34.000 personas supone un consumo diario de 10 cajetillas por persona, niños incluidos.

-Sin industrias conocidas más allá de la actividad portuaria, trabajan en Gibraltar, y cruzan diariamente la Verja entre 8.000 y 10.000 españoles.

-La renta per cápita de los gibraltareños es, según el ránking del FMI para el 2013, la tercera del mundo, solo por detrás de Catar y Luxemburgo, con 64.000 dólares, frente al Reino Unido, 37.500, y España, 30.000.

-En Gibraltar están registradas más de 30.000 sociedades, aunque algunas fuentes elevan la cifra a 80.000. Las autoridades gibraltareñas declaran 18.000, aunque a esta cifra se le concede escasa credibilidad. De considerarse cierta la cifra de 30.000, ello supone casi una sociedad por persona, niños de nuevo incluidos.

Gibraltar aduce que es la primera empresa de Andalucía, ya que crea muchos puestos de trabajo en la provincia española con más paro. Y los negociadores británicos han puesto el foco en los trabajadores españoles como el gran problema a resolver para evitar que los efectos del brexit perjudiquen sus ingresos, su situación laboral y sus derechos económicos. Pero, como destaca Eguidazu, «no se debiera caer en la trampa gibraltareña de convertirlos en rehenes de una situación como la actual, que supone un elevado quebranto para la Hacienda española».

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