madrid / colpisa

El Tribunal Constitucional ha advertido al presidente del Parlament, Roger Torrent, con la posibilidad de incurrir en responsabilidades penales si ignora o elude la resolución aprobada por la corte de garantías sobre la suspensión de varios aspectos de una norma aprobada por la Cámara catalana en julio pasado, que ratificó el derecho de autodeterminación. En tres providencias, el Pleno del Constitucional admite a trámite por unanimidad los incidentes de ejecución presentados por el Gobierno, por lo que suspenden determinados incisos de la resolución aprobada por el Parlamento autonómico el 25 de julio: la reafirmación de la reprobación del rey, la confirmación del objetivo de la independencia y la de ejercer el derecho de autodeterminación.

El Pleno pide notificar personalmente esta decisión a Roger Torrent, dirigente de ERC, y al resto de los miembros de la Mesa del Parlamento catalán, a quienes «se les advierte de su obligación de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir».

También se advierte a Torrent, a los miembros de la Mesa y al secretario general del Parlamento autonómico de «su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa, jurídica o material, que directa o indirectamente suponga ignorar o eludir» la sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015. Esta sentencia declaró la nulidad e inconstitucionalidad de la resolución del Parlamento catalán, del 9 de noviembre del 2015, «sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre».

El Gobierno acordó el pasado viernes en el Consejo de Ministros presentar los incidentes de ejecución contra la resolución del Parlamento presidido por Torrent, que tendrá ahora un plazo de diez días para formular las alegaciones.

Torrent ha respondido al «incidente de ejecución» del Constitucional diciendo que la Mesa «no se convertirá de ninguna forma en un órgano censor y seguirá protegiendo la libertad de expresión de los diputados». Además, ha asegurado que «en el Parlamento se debe poder hablar de todo lo que interesa a la ciudadanía de Cataluña».

«Se debe poder hablar de todo -ha insistido- y no solo de aquello que agrada al Gobierno español, por lo que la Mesa no puede censurar la iniciativa política de los grupos parlamentarios, no podemos convertir la Mesa en un órgano censor, ya que si lo hiciéramos, estaríamos limitando los derechos políticos de los diputados, especialmente el de representación».

Por su parte, los dos miembros de la Mesa de JxCat, el vicepresidente Josep Costa y el secretario Eusebi Campdepadrós, han evitado recoger la notificación, al considerarla «ilegítima y sin base legal».

Sí la han recogido, además de Torrent, la secretaria Adriana Delgado, ambos de ERC, al igual que los representantes de Cs, el vicepresidente Joan García y la secretaria Laura Vílchez, y el del PSC, el secretario David Pérez.

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El Constitucional advierte a Torrent de los efectos penales de transgredir sus fallos