Alguna vez escuché —no sé a quien— el deseo del presidente del Consejo del Poder Judicial de que las sentencias del Supremo se adoptasen siempre por unanimidad. Creo que se va consiguiendo, con la excepción conocida y lamentable del impuesto sobre hipotecas. Y se consiguió ayer en la que decide la exhumación y entierro de los restos de Franco. Lo destaco en primer lugar porque las filtraciones previas hablaban de unanimidad en sacarlo del Valle de los Caídos, pero de división del tribunal en cuanto al destino definitivo.
Sin conocer el contenido de la sentencia, pero sí su fallo, queda claro que las diferencias se han superado y el dictamen es clarísimo: Franco debe salir de Cuelgamuros y enterrado en el panteón de El Pardo-Mingorrubio. Si hay recursos nuevos, como anuncia el abogado de la familia, solo cabe uno ante el Constitucional y no creo que la Justicia europea admita a trámite ninguno que se le presente.
El balance provisional es, por tanto, que en este litigio concreto ha ganado el Gobierno. La exhumación tenía que ser así, porque es lo previsto en la votación que aprobó el Congreso de los Diputados en interpretación de la Ley de Memoria Histórica. En lo referente al destino final, parece que han triunfado los criterios de seguridad: la cripta de La Almudena, en el centro de Madrid, podía convertirse en un centro de peregrinación y de conflictos de orden público, especialmente en fechas señaladas como el 20-N. Y seguramente ha triunfado también la tesis progresista dominante, que sostiene que un dictador no puede estar en un lugar que tiene más de homenaje que cementerio.
El Gobierno socialista se sale así con la suya, no hay nada que reprochar desde un sentimiento democrático, y quizá la tentación sea lograr que la salida de Franco del Valle de los Caídos sea ensalzada como el cumplimiento de una promesa. Es decir, en un argumento electoral, oportunamente reaparecido en las fechas adecuadas. No es lo mismo llegar al 11 de noviembre sin mover los restos que llegar con una sentencia del Supremo que avala el desentierro. La necesidad de votos hará que se explote el acontecimiento.
Ante ello, si se procede al traslado antes de las elecciones, hay que pedir al gabinete que no haga un espectáculo, sino que sea como en su día anunció Carmen Calvo: con toda la discreción. Y en cuanto a la familia, nadie le puede impedir que reclame sus derechos, pero sí se debe recomendar a sus abogados que rebajen el tono. Es que, escuchando al señor Utrera Molina, parece como si esto fuese una dictadura. Y no lo es, señor letrado. Cada cual puede tener su idea, es seguro que hubo mucha propaganda ideológica, pero fue absoluto el respeto a las formas y a la ley.