Las tres excepciones españolas contra el bloqueo

El Gobierno de España y los autonómicos de Madrid y Murcia buscan acuerdos para consolidarse

El ministro Ábalos durante una reunión con miembros de Navarra Suma.
El ministro Ábalos durante una reunión con miembros de Navarra Suma.

Madrid / La Voz

Transcurridos más de dos meses desde las elecciones, España se encuentra inmersa en un bloqueo para elegir presidente. La testarudez de Rivera y el atrincheramiento de Sánchez e Iglesias, cada día más lejos de un acuerdo en el que todavía tendrían la última palabra los independentistas y Bildu, amenazan con una repetición electoral el 10N. El reloj de la democracia se activará el martes 23 de julio, y en caso de no haber investidura en los dos meses siguientes, los españoles volverán a ser llamados a urnas.

Tres cuartas partes de lo mismo sucede en Madrid y Murcia, en donde sus ciudadanos temen volver a votar también en clave autonómica. Esta parálisis ha vuelto a recuperar el viejo debate sobre la idoneidad del sistema electoral español. ¿Cómo podría mejorarse para facilitar la conformación de gobiernos?

El PP, harto de comprobar cómo fuerzas de todos los colores se aliaban para arrebatarle el poder, registró el año pasado en el Congreso una reforma de la Ley Electoral (Loreg) para allanar la gobernabilidad a la lista más votada, estableciendo unos marcos porcentuales que garantizarían los Ejecutivos a las candidaturas que se impusiesen con cierta holgura. Con el precipitado fin de la legislatura, se quedó en papel mojado, aunque desde Génova siguen tendiendo la mano al PSOE para sacarla adelante en el futuro. En principio, esta reforma solo afectaría a las municipales, aunque lo cierto es que la legislación impide los bloqueos en los ayuntamientos, en donde si no hay acuerdos para elegir al alcalde, directamente se convierte en regidor el cabeza de lista de la formación más votada.

Politólogos estudian la viabilidad de adaptar a España el modelo de otros países, como Grecia, que a las pocas horas de votar ya tenía Gobierno gracias a la prima de 50 diputados con los que se premia a la opción mayoritaria, o Francia, a doble vuelta, en donde los dos candidatos con más votos se vuelven a medir en un mano a mano del que sale el presidente de la República.

Pero lo cierto es que parece que tampoco haga falta fijar la vista fuera. Dentro de España existen tres casos autonómicos en los que resulta difícil que los ciudadanos se vean obligados a repetir una votación.

Sánchez propone un cambio

En Castilla-La Mancha, el Estatuto autonómico recoge que el proceso de investidura es muy similar al del Congreso, con una primera votación en la que se requiere una mayoría absoluta, y una segunda en la que resulta suficiente con la simple, es decir, más síes que noes. Sin embargo, recoge la siguiente particularidad: de transcurrir dos meses sin la designación de un presidente, automáticamente será investido el líder de la lista que hubiese obtenido más escaños.

Particulares son también los casos asturiano y vasco. Aquí sí existe la posibilidad de repetir elecciones, pero la legislación cuenta con dos mecanismos que facilitan mucho la elección de un presidente: pueden presentarse a la votación de investidura todos los candidatos que lo consideren oportuno, y los diputados solo pueden votar a favor o abstenerse; es decir, no existe el voto en contra. Cada uno de ellos va diciendo en voz alta el nombre de su favorito o, en caso de no tenerlo, abstención. En caso de un empate, se repetiría el proceso. Si solo se presentase uno, la forma de proceder sería la misma, y los diputados tendrían que cantar en la Cámara si lo apoyan o se abstienen, algo que allana la obtención de mayorías simples.

Hace tres años, el socialista Antonio Hernando llegó a verbalizar que trabajaban en una reforma para adaptar este modelo al Congreso. Nunca llegaron a presentarla. Ayer Sánchez sugirió en TVE la necesidad de crear «un mecanismo que impida coaliciones negativas que pueden abocar a la repetición electoral».

Tímidos amagos del PP y del PSOE para favorecer la gobernabilidad de la lista más votada

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