Una jueza retira el tercer grado que la Generalitat concedió a Oriol Pujol, condenado por corrupción

cristian reino BARCELONA / COLPISA

ESPAÑA

Oriol Pujol permaneció dos meses en prisión y ahora estaba en tercer grado
Oriol Pujol permaneció dos meses en prisión y ahora estaba en tercer grado Marta Pérez | EFE

El exnúmero dos de CDC solo estuvo dos meses en prisión, pues desde marzo solo pernocta en ella

18 jun 2019 . Actualizado a las 15:27 h.

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Cataluña ha revocado este jueves el tercer grado a Oriol Pujol, exdirigente de Convergència, condenado a prisión por un delito de corrupción en relación con las ITV. Oriol Pujol, el único hijo de Jordi Pujol que se dedicó a la política, ingresó el pasado 17 de enero en la prisión de Brians II, en Barcelona, para cumplir la condena de dos años y medio de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona por el caso ITV.

Pujol, que estaba llamado a suceder a Artur Mas al frente de CDC, tuvo que dimitir como número dos de Convergència en el 2013 por las acusaciones de tráfico de influencias, soborno y falsedad documental. En julio del 2018, fue condenado por cobrar comisiones y utilizar su influencia para favorecer a empresarios del sector de las estaciones de ITV.

Dos meses después de ingresar en prisión, la Dirección General de Servicios Penitenciarios de la Generalitat, dependiente de la Consejería de Justicia, le concedió el tercer grado, lo que le permitía salir durante el día de la cárcel y regresar para dormir, excepto los fines de semana. La magistrada María José González le ha revocado ese tercer grado, según señala en un auto, «porque no es conforme a derecho». La jueza estima la impugnación de la Fiscalía. Según argumenta, su caso es de especial «relevancia» por su repercusión institucional y social, al «haber generado», su conducta, un «gran descrédito de las instituciones». «Aprovechó su privilegiada condición política para cometer hechos delictivos que deben ser objeto de importante reproche», señala la magistrada. «Fueron estas circunstancias las que justificaron que no se concediera al penado la suspensión de condena», recuerda, ya que su conducta provoca que «disminuya la confianza de los ciudadanos en las instituciones» y «daña el Estado de derecho».