El martes comienza en el Supremo la vista oral para determinar si los doce procesados por el desafío secesionista hicieron uso de la violencia para la rebelión contra el Estado
10 feb 2019 . Actualizado a las 09:33 h.No hay precedentes. El juicio contra los máximos responsables del desafío independentista que comienza el próximo día 12 en el Tribunal Supremo es probablemente el más relevante de la democracia. Su desarrollo, y sobre todo su sentencia, marcarán en buena medida toda la agenda política de los próximos meses y supondrán un antes y un después en el desafío separatista lanzado desde la Generalitat y desde el Parlamento de Cataluña. Más de 600 periodistas acreditados, entre ellos 50 de medios internacionales, y más de 500 testigos citados a declarar, entre ellos el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, el lendakari Íñigo Urkullu, el expresidente catalán Artur Mas dan idea de la repercusión de este proceso, cuya duración se estima en tres meses, aunque la sentencia no llegará hasta después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de mayo.
¿Qué es lo que se va a jugar en este proceso?
Más allá de que tanto el juez instructor como la Fiscalía remonten el inicio de la causa al año 2012, lo que se juzgará ahora se agrupa básicamente en cuatro hechos acaecidos en el años 2017 y en los que cada acusado tiene un grado distinto de responsabilidad. En primer lugar están los plenos de los días 6 y 7 de septiembre del 2017 en el Parlamento catalán en los que aprobaron las llamadas leyes de desconexión para realizar un referendo prohibido por el Constitucional. Otro de los hechos más graves es la concentración frente a la Consejería de Economía el 20 de septiembre, con la que se trató de impedir que una comisión judicial procediera a un registro y que derivó en asedio a los agentes en el interior del edificio. Por último, se juzgará el referendo ilegal del 1 de octubre y la posterior declaración de independencia en el Parlamento catalán refrendada por los partidos secesionistas.
¿Se va a juzgar a Carles Puigdemont?
No. En el juicio que se celebrará en el Tribunal Supremo se sentarán en el banquillo el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, ocho exconsejeros (Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borràs, Carles Mundó y Santi Vila), además de Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento catalán, Jordi Sànchez, ex presidente de ANC y Jordi Cuixart, que continúa siendo presidente de Òmnium. Pero no serán juzgados los acusados que permanecen fugados en el extranjero: Carles Puigdemont, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Anna Gabriel y Marta Rovira. Los seis ex miembros de la Mesa del Parlamento catalán acusados solo de desobediencia serán juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
¿Qué delitos se les imputan a los acusados?
La Fiscalía imputa al exvicepresidente y a cinco exconsejeros de la Generalitat el delito de rebelión agravado con malversación, y la Abogacía del Estado, el de sedición agravada también con malversación. En el caso de la ex residenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y los Jordis, las acusaciones son de rebelión o sedición. A Santi Vila, Meritxell Borrás y Carles Mundó, los únicos exconsejeros acusados que permanecen en libertad, solo se les imputan los delitos de desobediencia y malversación.
¿Cuál es la clave principal en torno a la que girará todo el juicio?
La clave fundamental tanto en la estrategia de las acusaciones como en la de las defensas es demostrar si hubo o no violencia durante los hechos que se juzgan. Según el ordenamiento jurídico, la existencia de violencia es condición indispensable para que se cometa un delito de rebelión. El juez instructor estima que se ejerció la violencia en diferentes momentos, sin necesidad de que esta fuera física y contra las personas. Según la Fiscalía, los acusados sabían que podía desatarse la violencia y no hicieron nada por impedirlo. La defensa insistirá en que todo el procés es una reivindicación basada precisamente en la resistencia no violenta y en que el delito de rebelión solo puede entenderse como una insurrección armada comparable a un golpe de Estado como el del 23-F ,que en ningún momento se produjo. Pedirán la libre absolución e insistirán en que son presos políticos.
¿Comparten las acusaciones la Fiscalía y la Abogacía del Estado?
No. Aunque la Abogacía del Estado respaldó durante toda la instrucción el criterio de la Fiscalía respecto a la existencia de violencia y delito de rebelión, en su escrito final la Abogacía, que depende directamente del Ministerio de Justicia, cambió de criterio y se desmarcó del ministerio público, apreciando solo un delito de sedición y otro de malversación, ya que a su juicio no hubo violencia. La diferencia entre ambos delitos es que una acusación de rebelión está penada con hasta 25 años de prisión, mientras que la rebelión estaría en torno a los 12 años de cárcel. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, destituyó al abogado del Estado que ejercía la acusación en la investigación, Edmundo Bal, partidario de mantener el delito de rebelión. Un cambio de criterio que muchos interpretaron como la primera concesión del Gobierno a las exigencias de los independentistas para apoyar los Presupuestos Generales del Estado que habrán de pasar el próximo día 13 de febrero su primera votación clave, la de las enmiendas a la totalidad.
¿Quién va ejercer la acusación popular?
El partido de extrema derecha Vox está personado como acusación popular. Eso implica que el abogado que lo representará, que será el secretario general dela formación, Javier Ortega Smith, podrá interrogar a todos los procesados y formularles las preguntas que desee. Aunque con toda seguridad ninguno de ellos responderá a sus interrogatorios, el juicio supondrá una formidable plataforma política para Vox, dada la repercusión nacional e internacional que tendrá un proceso que será retransmitido en directo en su totalidad.
¿Habrá unanimidad entre los argumentos de defensa de los acusados?
Probablemente no. El juicio es también un escaparate electoral para los propios acusados, en un contexto de batalla política entre ERC y el PDECat y sus distintas variables (Junts per Catalunya y la Crida impulsada por Puigdemont) para hacerse con el liderazgo y la legitimidad del proceso secesionista. Oriol Junqueras tratará de hacer valer el más de un año que lleva en prisión preventiva como una muestra de honestidad personal y un sacrificio pagado por renunciar a la fuga, mientras que los exconsejeros afines a Carles Puigdemont intentarán contrarrestar con el recurso a la persecución política al expresidente de la Generalitat, que le obliga a permanecer en el exilio y le impide regresar a Cataluña.