Los recortes en Cataluña: las listas más largas, las tasas más altas

Las medidas de la Generalitat han generado las mayores esperas en atención sanitaria y la universidad más cara

Miles de profesores y alumnos, tanto de secundaria como universitarios, se manifestaron ayer en Barcelona
Miles de profesores y alumnos, tanto de secundaria como universitarios, se manifestaron ayer en Barcelona

redacción / la voz

El padre de los recortes en la Administración catalana en el 2010 y mentor de la consulta del 9N en el 2014 , Artur Mas, tuvo buenos discípulos: Carles Puigdemont y Quim Torra. El primero paralizó la Administración para dedicar sus energías a la consulta del 1-O del 2017, mientras el segundo, además de prolongar el coma en la Generalitat, inyectó barbitúricos en el Parlamento autonómico para mantenerlo aletargado, ya que su minoría parlamentaria le impide legislar. Así, la semilla del desafío independentista derivó, al germinar, en ilegalidades, por un lado, y una triste fractura de la sociedad catalana, por otro. Ahora, los ciudadanos han visto el engaño en el esfuerzo que los líderes secesionistas no cesaban de pedirles y han dicho basta. Pues, como decía Abraham Lincoln, «se puede engañar a algunos mucho tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo». El sector público ha despertado y está en pie de guerra contra Torra.

¿Qué consecuencias han tenido los recortes?

En el 2010, la Generalitat destinaba a la sanidad 9.900 millones. El año pasado, 8.800. En la educación, lo mismo: en ocho años se pasó de 6.300 millones a 5.600. Las consecuencias de esos recortes son que las listas de espera en el sistema catalán de salud son las más largas de España, los funcionarios autonómicos son los únicos que no han recuperado pagas extras que la Administración les retiró y las tasas universitarias son las más caras de España.

¿Quiénes protagonizan las protestas contra Torra?

Médicos, personal sanitario, profesores, estudiantes, bomberos y otros funcionarios, que reclaman revertir los recortes sufridos durante los años de la crisis, recuperar el poder adquisitivo, aliviar las sobrecargas de trabajo, más recursos materiales y otras mejoras laborales y sociales.

¿Se están desmantelando servicios adelgazando la Administración?

Sí, la Generalitat de Cataluña ha perdido 6.832 empleados públicos desde el 2010 al 2015. Y los servicios que más han sufrido esa merma son los de salud y educación, pues el 55 % de ese personal ejercía en esos sectores. Es decir, las plazas de los funcionarios jubilados o fallecidos no solo no se ampliaron, sino que ni siquiera se cubrieron. La inacción en la gestión del Gobierno Torra ha llevado a los funcionarios a reclamar más atención gubernamental y menos retórica independentista.

¿Han terminado las movilizaciones?

Ayer fue un jueves negro para Torra, pero las dos centrales mayoritarias, CC. OO. y UGT, no se sumaron a la convocatoria parcial de paro de dos horas de los funcionarios e interinos de la Generalitat. Pero emplazan a todos los empleados públicos a realizar huelga el 12 de diciembre. Y se esperan más movilizaciones de grupos como los bomberos, que el miércoles apuntaron que habrá «otoño caliente» .

¿Qué responde Torra?

El presidente aprovecha para volcar sobre los grupos parlamentarios de la oposición, Ciudadanos, PSC, Comunes y CUP, la culpa del descontento social con el argumento de que si apoyasen los presupuestos catalanes podría paliarse la situación de los empleados públicos. Los comunes le exigen más inversión social y presión fiscal a las rentas más altas, pero Junts per Catalunya no está dispuesta a ceder. Y mientras las calles abrasan a Torra y piden su dimisión, Puigdemont guarda un frío silencio desde Waterloo.

¿Fue la fuga de empresas y de capital la primera muestra de descontento?

Sí, en este caso por la falta de seguridad jurídica de un Gobierno centrado en el desafío independentista más que en gestionar los recursos en beneficio del pueblo.

Más de 4.000 empresas se marcharon de Cataluña desde el referendo ilegal del 1-O del 2017. Las más de cien que se fugaron desde el nombramiento de Torra no han creído su promesa de conseguir una mayor prosperidad económica en Cataluña. Entre las que cambiaron su sede social están CaixaBank y Banco Sabadell, los dos grandes bancos catalanes, que se instalaron en Valencia y Alicante. Además, en los días más álgidos del conflicto independentista el año pasado miles de personas abrieron cuentas espejo fuera de Cataluña.

¿Y la huida de funcionarios del Estado?

En el último año, 360 policías nacionales solicitaron el traslado a otras comunidades y lo lograron. Otros 300 guardias civiles lo tenían concedido, pero en octubre se les pospuso por necesidades operativas. La presión social también empuja a los empleados del sector judicial a irse de Cataluña. Un total de 48 jueces se han marchado este año, casi el doble que en el 2017, cuando lo hicieron 25, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Jesús María Barrientos, que admite que hay «escenarios» que impiden ejercer con «serenidad». Cabe recordar los ataques a la casa del juez Llarena en Barcelona.

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