La Fiscalía da por acreditada la existencia de una trama de cobro de comisiones que salpica al PNV

La Fiscalía llegó ayer a un acuerdo con «una parte significativa» de los acusados en la presunta trama de corrupción que se investiga en el caso De Miguel, unos pactos de conformidad en los que se reconoce la existencia de «una trama organizada destinada al cobro de comisiones ilícitas», según señaló el fiscal provincial de Álava, Josu Izaguirre. Sin embargo, el principal investigado en esta causa, Alfredo de Miguel, exdirigente del PNV alavés, para quien el ministerio público solicita una pena de 54 años de cárcel, no aceptó ningún acuerdo a cambio de una reducción de la condena y negó las acusaciones durante el juicio.

De Miguel, que solo respondió a las preguntas formuladas por su abogado, dijo que nunca solicitó a nadie una comisión por ningún trabajo y no reconoció como «íntegras y veraces» unas conversaciones grabadas en las que supuestamente él solicitó una comisión ilegal, que a su juicio «están manipuladas». Puso en duda unos audios escuchados en la vista oral en los que supuestamente solicitó una comisión ilícita de 100.000 euros a la abogada Ainhoa Alberdi por la adjudicación a su empresa, Urbanorma Consulting S.L, de un trabajo para la ampliación del Parque Tecnológico de Miñano (Álava). Precisamente esta letrada es la que denunció este hecho en la Fiscalía alavesa en diciembre del 2009 que originó todo este proceso.

Ella aportó unas grabaciones hechas de forma casera así como otros documentos, como un correo que según dijo durante su declaración en este juicio, le envió De Miguel desde su despacho oficial en la diputación alavesa en el que decía: «Lo nuestro lo dejamos en 100». «Ni reconocí, ni reconozco como íntegras y veraces las conversaciones que hubo». «Entiendo que están manipuladas», dijo De Miguel. Afirmó que le reclamó dinero a Alberdi, pero que la cantidad tenía que ver con una «deuda pendiente» de un antiguo socio de la empresaria, y no con el pago de una comisión.

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