El contraataque a PSOE y C?s queda lastrado a la espera de que la Justicia decida
08 ago 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La decisión de la jueza Carmen Rodríguez-Medel de elevar al Supremo la causa del máster de Pablo Casado ha caído como un jarro de agua fría en Génova. Fuentes cercanas al dirigente popular tratan de hacer ver que no existe más recorrido que la repercusión que pueda alcanzar a nivel mediático, e incluso celebran el fin de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, confiando que el Tribunal Supremo rechace ahora la causa y contribuya, de una vez por todas, a dar carpetazo al asunto. Sin embargo, a nadie se le escapa que el panorama que se le presenta al partido y a su líder durante al menos el próximo mes, cuando está previsto que el Supremo resuelva si acepta o rechaza el caso, será muy comprometido, con todos los adversarios políticos tratando de convertir la travesía de agosto en un campo de minas. En consecuencia, el nuevo curso comenzará con una línea de contraataque al PSOE y Ciudadanos lastrada por su situación personal.
La polémica sobre las supuestas irregularidades en la titulación en la Universidad Rey Juan Carlos saltó hace cuatro meses como una pequeña ramificación del caso que acabó llevándose por delante a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes. Casado, que por entonces era el vicesecretario de Comunicación del partido, trató de sofocarla de inmediato, convocando a la prensa para intentar demostrar con un buen lote de papeles que guardó con mimo durante una década, que él sí había efectuado el curso. «Hice lo que me pidieron», se cansó de repetir, mientras mostraba las portadas de los cuatro trabajos que le habían exigido. A diferencia de Cifuentes, Casado sí convenció dentro de las filas populares. Así lo evidencia su reciente triunfo en las primarias, de las que salió elegido para comandar la nave popular frente a todo un peso pesado de la política española de la última década como Soraya Sáenz de Santamaría. Pero a la jueza no le han convencido sus explicaciones y, tal y como refleja en su auto, aprecia indicios para sospechar que le han regalado la titulación, y que por tanto podría haber incurrido en los delitos de prevaricación y cohecho impropio, razón por la que ha elevado el asunto al Supremo, dada la condición de aforado del líder del PP.
Este último pico en la crisis llega en el peor momento para el joven dirigente, con su figura al frente del partido todavía poco consolidada y en plena faena de renovación absoluta de una organización política que, considera, arrastra vicios del pasado. El nuevo PP de Casado confiaba en trazar un cortafuegos ante la amenaza de Ciudadanos, y a tenor de la pérdida de fuerza en el discurso de los de Albert Rivera, daba la sensación de que lo estaba logrando. Pero el caso Máster amenaza con abrir una nueva ventana de oportunidad a los naranjas. Estos no serán los únicos que traten de aprovechar las turbulencias: tanto el PSOE como Podemos empiezan a dar señales de que no tendrán clemencia.
Génova cierra filas con su líder
El portavoz del PSOE, Óscar Puente, equiparó ayer su situación con la de Cifuentes, con la diferencia de que a ella «la mataron políticamente» con un vídeo. Por su parte, Miguel Gutiérrez, secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos en el Congreso, tildó de «injusticia» que Casado no esté imputado por su aforamiento, mientras tres de sus compañeros sí lo están.
Mientras, en Génova cierran filas con su líder. Ayer salieron en su defensa multitud de altos y medios cargos, en su mayoría de nuevo cuño. Uno de ellos el secretario general, Teodoro García, quien denunció «una triple vara de medir» con el tema según las siglas de los afectados. En el PP señalan fraudes incluso en los currículos de Puente y Gutiérrez, los dos que cargaron ayer contra Casado y que recientemente tuvieron que afeitar o corregir su hoja de servicios. Teodoro García aseguró que «hay Casado para rato» y que la polémica es «una cortina de humo» que oculta «la falta de gestión» de Pedro Sánchez al frente del Gobierno, al que acusó de protagonizar desde su llegada a la Moncloa una «vuelta del zapaterismo» que acabará por traer «la ruina económica».
Vía libre para que el Supremo decida en septiembre
La Fiscalía rechazó ayer recurrir la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, de elevar al Tribunal Supremo la causa sobre las presuntas irregularidades que rodean el máster de Derecho Autonómico que obtuvo el nuevo líder del PP, Pablo Casado. Según recoge Efe, fuentes del ministerio público han informado de que la Fiscalía no se plantea presentar recurso alguno, por lo que salvo sorpresa, no será hasta septiembre cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo remita su preceptivo informe a la Sala de Admisión del alto tribunal sobre la competencia de investigar la denominada pieza C, relativa al máster de Casado y en la que figuran siete imputados.
La jueza instructora del caso considera que el nuevo líder de la formación de centroderecha se habría aprovechado de su situación para que le regalaran el máster, con lo cual, añade, habría incurrido en dos delitos: prevaricación administrativa y cohecho impropio. La Sala de Admisión, que deberá decidir si admite la causa, está integrada por cinco magistrados, cuatro de ellos de tendencia conservadora. Los delitos que se atribuyen a Casado conllevan una pena de hasta siete años de inhabilitación para cualquier cargo público, por lo que en el supuesto de que llegara a ser condenado supondría en la práctica el final de su carrera política.
Desde la cúpula del PP transmiten absoluta tranquilidad, y confían en que el alto tribunal rechace la causa. En caso de que la acabe aceptando, el nuevo dirigente popular podría resultar imputado, un escenario que contemplan muy lejano pero que tampoco pueden descartar, por lo que este lunes el propio Casado se apuró a adelantar que incluso con su imputación no presentaría su renuncia como dirigente del PP. «Absolutamente», manifestó de forma categórica, al considerar que el partido que lidera tiene tipificadas las situaciones en las que un cargo político debe asumir responsabilidades, y que aquí no se daría el caso.