Uno de los principales acusados del caso de los ERE: «El sistema no lo monto yo, lo monta la Junta»

El ex director general de Trabajo se defiende diciendo que «ahora nadie sabe nada» de las ayudas


sevilla / Efe

El ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, uno de los principales acusados en el caso ERE, defiende que el sistema para conceder y pagar las ayudas investigadas no lo montó él, sino que lo hizo la Junta de Andalucía, y que su «poder de decisión» era dar o no una ayuda, «pero cómo darlas, no».

Guerrero ocupó el cargo entre 1999 y el 2008, gran parte del período investigado en el caso ERE en cuya pieza política -es investigado en muchas más y entró dos veces en prisión provisional- se enfrenta a ocho años de cárcel y a 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.

La Fiscalía le responsabiliza de crear o mantener un «procedimiento específico» con el que la Junta repartió durante una década 850 millones en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis de forma arbitraria y eludiendo los controles. Se sienta en el banquillo junto a otros 21 ex altos cargos de la Junta, entre ellos quienes fueron sus jefes en la Consejería de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández, y quienes presidieron los sucesivos Gobiernos socialistas a los que perteneció, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, con quien Guerrero coincidió durante su etapa como consejero de Hacienda.

Guerrero asume que «el que firma es el que paga» y con su firma concedió 567 millones en ayudas, pero dice que usó el procedimiento del que se había «dotado en la Junta de Andalucía», que considera «legal y transparente».

«Las ayudas eran absolutamente públicas», afirmó, y frente a las acusaciones de que al no publicitarse ni existir una normativa que regulara los requisitos solo se enteraban allegados, amigos y el entorno del PSOE, asegura que las pedían «colectivos de la mano de los sindicatos, de los empresarios o gente que se había enterado individualmente».

«Las ayudas están ahí, que usted se entere o no es otro lío», añadió tras negar que mirase la afinidad política de los solicitantes o que supiera quiénes eran los socios de las empresas a las que dio dinero, ni siquiera en los casos de exalcaldes socialistas como Ángel Rodríguez de la Borbolla o su exchófer, que recibió 1,4 millones para tres proyectos presuntamente sin actividad y que declaró que parte de ese dinero se gastó en «cocaína» y en «fiestas y copas» para él y su jefe (ambos investigados por ello en otra pieza).

Guerrero no elude esta acusación que atribuye a una «inquina personal». «Ni he sido drogadicto [...] ni he pagado de la Administración pública una copa en mi vida, o me la he pagado yo o me la han pagado los amigos», defendió.

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