Kichi, alcalde de Cádiz y uno de los referentes de Podemos, aviva la polémica interna al decir a Iglesias y a Montero que representar a la gente exige renunciar a privilegios
19 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El silencioso cierre de filas con el que Podemos respondió a la polémica sobre la compra del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero comienza a resquebrajarse. Las críticas internas afloraron ayer en un partido que desde su nacimiento ha predicado contra los excesos de los ricos y las estrecheces de los trabajadores. Un discurso que, para algunos, no cuadra con vivir en una casa de 260 metros cuadrados, edificada sobre una parcela de la sierra madrileña de más de 2.000 metros cuadrados y cuyo precio supera los 600.000 euros.
La crítica más hiriente para los dos máximos dirigentes podemistas llegó desde uno de los bautizados como ayuntamientos del cambio. José María González Kichi, alcalde de Cádiz y miembro de la corriente anticapitalista, apuntó de lleno a las contradicciones que cada vez más voces en la formación achacan a Iglesias, quien en el 2012 censuró en las redes sociales al entonces ministro Luis de Guindos con el argumento de que la economía española estuviese dirigida por una persona que se gastó 600.000 euros en la compra de un ático de lujo. «No quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña (la zona más popular de la ciudad) con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en La Viña, en Cádiz y con Teresa Rodríguez, por eso no recibo otros ingresos y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes», señaló Kichi.
El alcalde de Cádiz contrapuso así su estilo de vida junto a Rodríguez, líder a su vez del partido en Andalucía y figura de referencia dentro de los anticapitalistas, al de Iglesias y Montero. Kichi recordó además que los dirigentes de Podemos tienen el compromiso «de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones» y «renunciar a privilegios como el exceso de sueldo».
Foro crítico
El alcalde de Cádiz fue el dirigente podemista de más alto rango que se pronunció sobre la adquisición del chalé. Pero entre la militancia también se extendieron las críticas. Lo hicieron en Plaza Podemos, el foro de debate y participación del partido. Usuarios que se declaran simpatizantes de la formación censuraron lo que consideran «un error político por su alta carga de incoherencia». Afirmaron que cuando se representa a cinco millones de «personas obreras» se tiene que «ofrecer una imagen acorde» e, incluso, hubo quien señaló que «ya es hora de que Pablo pase el testigo».
Una opinión bastante generalizada en el partido, aunque sin salir del anonimato, es que la vivienda ha brindado munición a los adversarios de Podemos, que a partir de ahora podrán esgrimir la compra del chalé cada vez que Iglesias o Montero suban a la tribuna del Congreso para defender reivindicaciones sociales.
Silencio de Errejón y Garzón
La mejor noticia para Iglesias es que la principal corriente crítica con su gestión interna ha decidido no pronunciarse sobre el asunto. Íñigo Errejón y los suyos han pasado de puntillas por la compra de la casa para no abrir una nueva guerra en Madrid, donde los equilibrios en la candidatura del exnúmero dos de Podemos para presidir la Comunidad de Madrid penden de un hilo.
Tampoco quiso entrar en valoraciones su aliado Alberto Garzón. El coordinador federal de IU, con quien Podemos negocia estos días una reedición de su confluencia para las citas electorales del próximo año, eludió pronunciarse sobre decisiones personales de dirigentes de otras organizaciones. «No lo hice antes y no lo voy a hacer ahora», zanjó. Pero Iglesias y Montero también volvieron a recibir el respaldo de algunos compañeros. El principal el de Pablo Echenique, secretario de Organización, que sufrió en primera persona que se le acusase de incoherente al descubrirse que pagó a un asistente personal en negro durante un período de tiempo. Ahora, salió ayer en defensa del secretario general y la portavoz en el Congreso y tachó de «reaccionarios» a los que sostienen que es contradictorio «tener un buen sueldo y una buena casa y querer al mismo tiempo un país mejor en el que nadie lo pase mal».
El alcalde coruñés evita comentar la vida privada «nin cando é Cifuentes nin cando é Iglesias»
«Cada un os cartos que gaña gástaos como quere e segundo as súas necesidades familiares e vitais». Así opinaba el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, en contraste con la declaración crítica de Kichi, otro de los denominados alcaldes del cambio. «Sinceramente, non me parece moi relevante politicamente a vida privada de ninguén. Nin a miña nin a doutras persoas. Nin cando é Cristina Cifuentes nin cando é Pablo Iglesias. Pareceríame relevante se non estivese claro de onde veñen os cartos, se non coinciden as cifras, se se mente, se se engana ou se esas propiedades aparecen da nada», matizaba el alcalde A Coruña.
Cuando se difundieron las imágenes en las que se veía como Cristina Cifuentes robaba dos cremas en un supermercado, y que acabaron provocando su dimisión, Ferreiro opinaba sobre el caso: «A verdade é que me fixo falta volver ver unhas imaxes que, coma cidadán, déronme un pouco de vergoña», señaló. Tras afirmar que desconocía su veracidad, el alcalde de A Coruña afirmó que el caso de Cifuentes era indicativo de como se encuentra el PP.
El PP cuestiona las condiciones de la hipoteca, de una entidad con vínculos con el secesionismo
Hipoteca de 540.000 euros a treinta años, a razón de 1.600 euros mensuales. Esas son las condiciones que han conseguido Pablo Iglesias e Irene Montero para financiar gran parte de su nueva y polémica vivienda en Galapagar, a 40 kilómetros de Madrid. Y la entidad que se la ha concedido es la Caja de Ingenieros, una cooperativa fundada en 1967 en Barcelona que cuenta con más de 160.000 socios y 25 oficinas, la mayoría abiertas en Cataluña.
«No salen esos 1.600 euros al mes en una hipoteca de 540.000 euros. Les han dado un tipo superpreferente, porque es una hipoteca cuatro veces superior a la media de las que se conceden en este país», aseguró Enrique Ossorio, portavoz del PP de la Comunidad de Madrid, que introdujo el tema durante el debate de investidura de Ángel Garrido.
La Caja de Ingenieros, muy vinculada a Cataluña, fue una de las entidades que no cambió su centro de decisión tras el auge del desafío secesionista. Asegura que ha incrementado un 12,5 % en su número de socios desde que decidió seguir en esta comunidad. Alguno de ellos pertenecen a organizaciones muy vinculadas con el independentismo, como Òmnium y la Assamblea Nacional Catalana. Fue precisamente esta entidad la que hizo pública una fotografía con un cheque de la caja por 150.000 euros que la defensa de la expresidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, entregó en el Supremo para eludir la prisión. No acaba aquí su relación con el proceso independentista. Algunas de las cuentas de resistencia del independentismo catalán estuvieron domiciliadas en la entidad.