La CUP insinúa que los atentados de Barcelona fueron terrorismo de Estado contra el «procés»

Melchor saiz-Pardo MADRID / COLPISA

ESPAÑA

Víctor Lerena | Efe

Más desconfianza y descoordinación por el secesionismo

18 feb 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

«La relación nunca ha sido fluida. Siempre ha habido disputas profesionales con los Mossos, como también las había entre policía y Guardia Civil. Pero lo de ahora no tiene precedentes. Ahora la relación es cero. La desconfianza después de lo ocurrido en los últimos meses a cuenta del referendo es absoluta. ¿Alguien se puede siquiera imaginar que vamos a compartir información con los mismos Mossos que el 1-O estuvieron al otro lado de la trinchera? ¿Con los mismos Mossos que nos espiaban?». 

Las palabras textuales las dijo en Madrid el pasado martes uno de los máximos responsables de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. El miércoles, un día después, un alto mando de los servicios antiterroristas de la Policía Nacional respondía a la misma pregunta sobre la coordinación: «Casi ninguna». «Es que ni se plantea. Ni en la lucha antiterrorista ni en nada. La colaboración es la imprescindible y limitada a las operaciones judiciales que ya estaban en marcha antes del referendo. Solo por imperativo legal».

Seis meses después de los atentados de Barcelona y Cambrils que costaron la vida a 16 personas, el desafío secesionista ha terminado de dinamitar los frágiles puentes de interlocución que existían entre Interior y los Mossos en casi todo los campos y, particularmente, en la lucha antiyihadista, según confirman diversos mandos de Interior y organismos independientes. No es que no haya coordinación, es que no hay casi ni «el menor contacto operativo, ni desde un lado ni desde el otro, el cortocircuito es bidireccional», dicen también desde los servicios de Información de los Mossos. La versión oficial del Ministerio del Interior, sin embargo, es que nada ha cambiado. Las numerosas respuestas oficiales del Gobierno a las interpelaciones parlamentarias sobre la falta de colaboración niegan cualquier problema. 

Fracaso

Los documentos oficiales que el Gobierno central envía al Parlamento intentando dar una muestra de normalidad institucional pierden bastante peso cuando se solapan en el tiempo con los interrogatorios en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional del que fue máximo responsable de Interior contra el 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, quien denuncia ante los jueces que la cúpula de los Mossos se negó a colaborar con la policía y la Guardia Civil y que se puso «al servicio» de los organizadores del 1-O que pretendía combatir el Ministerio del Interior.

El Instituto Elcano, uno de los principales referentes académicos en España de la lucha antiyihadista, a principios de este mes de febrero redactó un muy duro informe en el que denunciaba sin ambages el «fracaso» de los servicios antiterroristas de una y otra Administración a la hora de «detectar la célula de Ripoll» que perpetró el atentado. El estudio, que no ha gustado nada en Interior, recuerda que tanto policía como Guardia Civil y Mossos «tienen competencias plenas en la lucha antiyihadistas en Cataluña», pero que los contactos son inexistentes. «La coordinación y el intercambio de información entre los distintos servicios antiterroristas [...] es limitada, cuando no pobre. Esto es así a pesar de la existencia del Citco, organismo que tiene encomendada la coordinación antiterrorista», denunció Elcano. «Las tensiones secesionistas en una Cataluña sumamente dividida y polarizada han complicado la cooperación antiterrorista entre los Mossos y las agencias policiales de ámbito estatal», apuntó Elcano.

La situación actual no solo es mala, sino que tiene visos de empeorar a corto plazo por el uso de los atentados como «arma política». En el departamento que dirige Juan Ignacio Zoido han caído muy mal los recientes comentarios en Twitter de Carles Puigdemont sobre la responsabilidad del Gobierno en los atentados, ya que el imán de Ripoll (Abdelbaki es Satty) fue confidente del CNI. Para más inri, ayer, la exdiputada de la CUP Mireia Boya insinuó que los atentados fueron «terrorismo de Estado» para intentar «parar el independentismo». En una cadena de tuits escribió: «Quizá era terrorismo de Estado, un intento de decretar el estado de excepción y sacar el Ejército a la calle. Guerra psicológica a un mes y medio del referéndum, para evitarlo».