PSOE y PP se desmarcan de la reforma electoral que propone Podemos

El partido de Iglesias recibe el apoyo de Ciudadanos para intentar lograr un pacto

P. de las heras
Madrid / Colpisa

El PSOE echó ayer un jarro de agua fría sobre las esperanzas de Ciudadanos y Podemos de alumbrar un sistema electoral que equipare el valor del voto independientemente de la provincia en la que se emita. El principal partido de la oposición llevaba en su programa electoral el compromiso de buscar una mayor proporcionalidad del modelo -que ahora mismo favorece a las dos fuerzas más votadas y, especialmente, al PP-, pero nunca ha especificado cómo querría lograrlo. En una comparecencia en el Congreso, su vicesecretaria general, Adriana Lastra, aseguró que sigue defendiendo ese objetivo, pero avisó de que no avalará un cambio de las reglas del juego que excluya a los populares.

Los dos grandes partidos siempre han considerado que la ley electoral constituye uno de los pilares del sistema democrático y que, por lo tanto, su modificación exige un consenso que va más allá de la mera exigencia numérica fijada para cualquier otra norma de carácter orgánico (mayoría absoluta). En la legislatura pasada, de hecho, los populares renunciaron a modificar el texto para que en los comicios municipales se diera una prima a la primera fuerza a fin de facilitar la gobernabilidad. Una idea que ayer volvió a sacar a colación el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo. «Cuando hablamos de reglas de juego, de la arquitectura institucional y jurídica de nuestro país, es evidente que no se puede hacer entre dos o tres partidos, hay que contar con un amplio consenso de la Cámara», insistió Lastra apenas unos minutos después de que C’s y Podemos dieran cuenta de su reunión. «No podemos estar al albur de mayorías parlamentarias determinadas que pueden cambiar en tres o cuatro años». En la práctica, esta posición de los socialistas lleva a vía muerta el intento de los dos partidos más jóvenes del Parlamento, porque el PP no está dispuesto a dar su brazo a torcer. La secretaria general, María Dolores de Cospedal, tildó incluso de «barbaridad» el propósito de Iglesias y Rivera. Adujo que la idea de aumentar la proporcionalidad -esto es, de que la representación de cada formación en el Congreso se corresponda de manera casi exacta con el porcentaje de voto que cada una de ellas haya obtenido en las urnas- va en contra de «lo que está funcionando en todo el mundo» y generaría inestabilidad.

La negativa de los grandes partidos a impulsar cambios en la ley electoral ha puesto a Ciudadanos y Podemos en el mismo barco y parecen dispuestos a remar juntos. Las dos formaciones han decidido dejar atrás sus diferencias para comenzar a sondear las posibilidades de pactar una reforma electoral antes de que finalice el año. Ese es el plazo que se marcaron ayer sus respectivos portavoces parlamentarios, Juan Carlos Girauta e Irene Montero, en la primera toma de contacto para tratar de conseguir que la composición de la Cámara baja «se parezca más a lo que votan los españoles».

Propuesta de Podemos, variación de escaños

pp

15 escaños menos (de 137 a 122)

Perdería uno en 17 provincias, entre ellas A Coruña, Ourense, Madrid y Sevilla, y ganaría uno en Guipúzcoa y Gerona.

psoe

1 escaño menos (de 85 a 84)

Perdería uno en Pontevedra, Ciudad Real y Cáceres, y lo ganaría en Alicante y Tenerife.

Unidos podemos

6 escaños más (de 71 a 77)

En Ourense, Almería, Ciudad Real, Cáceres, Guadalajara y Teruel.

Ciudadanos

12 escaños más (de 32 a 44)

En A Coruña, Pontevedra, Madrid, Albacete, Badajoz, Burgos, Ciudad Real, Huelva, Salamanca, Segovia, Sevilla y Toledo.

Eliminación del voto rogado, recorte de los gastos y un reparto de escaños más proporcional

En el encuentro que mantuvieron ayer los portavoces parlamentarios de Unidos Podemos, Irene Montero, y de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, los dos partidos escenificaron su «total sintonía» sobre la necesidad de la reforma electoral, intercambiaron sus propuestas, se comprometieron a estudiarlas -sin líneas rojas y sin rechazar ninguna, al menos por el momento-, abrieron canales de «diálogo permanente» y se emplazaron a una nueva cita, sin fecha todavía.

Montero y Girauta coincidieron en la necesidad de eliminar el voto rogado para quienes participan en las elecciones desde fuera de España, rebajar el gasto público estableciendo un envío único de papeletas, fijar por ley la celebración de los debates entre los candidatos a la presidencia y aumentar la proporcionalidad de un sistema que ambos partidos consideran «injusto». Para Podemos, la solución está en sustituir el método D’Hondt por el sistema Sainte-Laguë, que se utiliza en Alemania, Noruega y Dinamarca y que, en su momento, fue defendido por Izquierda Unida. La fórmula, según sus cálculos, beneficiaría especialmente a los dos partidos, perjudicando por contra al PP. Sobre la mesa estuvieron también otras iniciativas en las que no coinciden a priori como rebajar la edad de voto a los 16 años y fijar por ley que los prófugos de la Justicia no puedan ser candidato en unas elecciones.

La idea de los dos partidos pasa por llevar una propuesta consensuada a la subcomisión que estudia en el Congreso la reforma de la ley electoral. El órgano parlamentario, constituido hace casi un año, concluye sus trabajos en julio sin haber logrado avances significativos durante todos estos meses.

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