El PP solicita al tribunal del caso de los ERE que cite a declarar como testigo a Susana Díaz
ESPAÑA
La petición de los populares apunta además a la cabeza del actual jefe del actual Ejecutivo autonómico al pedir también la comparecencia como testigo de su vicepresidente
10 ene 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La acusación popular que ejerce el PP revolucionó este martes el juicio de la pieza política de los ERE al solicitar la comparecencia como testigo de la presidenta andaluza, Susana Díaz. El argumento es que, al ser consejera de Presidencia durante la etapa en la que José Antonio Griñán fue presidente de la Junta de Andalucía, tuvo que tener «un amplio conocimiento» de los hechos fraudulentos; que, además, fue entonces cuando se modificó el sistema de concesión de ayudas; y que desde ese departamento se convalidaron las prejubilaciones ya concedidas y que quedaban pendientes de pago.
La petición del PP, tachada por la Junta de Andalucía de intento «ridículo» de aprovechar un proceso judicial con intenciones políticas, busca no solo la foto de los tres últimos mandatarios andaluces en la sala de juicios por el escándalo de los ERE, sino que además apunta a la cabeza del actual Ejecutivo autonómico al pedir también la comparecencia como testigo de su vicepresidente. Manuel Jiménez Barrios fue, además, alcalde de Chiclana de la Frontera (Cádiz) cuando se recibió una ayuda de 24.000 euros, concedida bajo el sistema cuestionado de transferencia de financiación, para una feria de muestras. El caso fue investigado, pero finalmente se archivó al comprobarse que el convenio de concesión había sido anulado y el dinero estaba devuelto. Asimismo, el PP pide conocer el testimonio de la exconsejera de Presidencia Mar Moreno, a quien el Tribunal Supremo apartó de la causa.
Cuestiones previas
El juicio contra 22 ex altos cargos del Ejecutivo andaluz afronta así las dos sesiones de cuestiones previas tras el parón navideño. Las primeras jornadas celebradas en diciembre evidenciaron que las partes no van a dejar pasar ni una. En este sentido, las defensas solicitaron este martes la exclusión del proceso de Manos Limpias, presente como acusación particular, por la investigación por extorsión que lleva a cabo la Audiencia Nacional sobre este sindicato.
Por su parte, el abogado defensor del expresidente José Antonio Griñán aprovechó para reclamara la nulidad de la instrucción de la pieza política desde enero de 2016, realizada por el juez de refuerzo Álvaro Martín. El argumento del abogado defensor es que con esta decisión se nombró «un juez ad hoc» para la causa, vulnerando el derecho de todo acusado a ser investigado por el juez predeterminado por la ley.
Por su parte, la Fiscalía solicitó que se haga una «delimitación objetiva» del procedimiento judicial para evitar «duplicidades», «indefensión» o cualquier causa de «nulidad» posterior. El ministerio público recordó que puede haber diferencias de criterio entre las dos juezas que han llevado el caso, Mercedes Alaya y María Núñez Bolaños, que pueden dar lugar a situaciones subjetivas diferenciadas que pongan en cuestión la causa.