Junqueras hará la campaña desde la cárcel

El Supremo mantiene en prisión al exvicepresidente, a Forn y a los Jordis al considerar que pueden causar un mayor daño que los otros seis exconsejeros, ya en libertad provisional

Los exconsejeros catalanes salen de prisión tras pagar la fianza Junqueras, Forn y los Jordis seguirán encarcelados por, según el juez Llarena, riesgo de reincidencia

madrid / la voz

El exvicepresidente del Gobierno catalán Oriol Junqueras, su exconsejero de Interior Joaquim Forn y los líderes de las plataformas ciudadanas independentistas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, seguirán la campaña desde la cárcel por decisión del juez Pablo Llarena.

El magistrado del Tribunal Supremo mantuvo un criterio distinto para los otros seis exconsejeros en prisión, por lo que Raül Romeva, Carles Mundó, Dolors Bassa, Meritxell Borrás, Jordi Turull y Josep Rull ya pudieron dormir ayer noche en sus domicilios tras haber depositado los 100.000 euros de fianza que se les exigió a cada uno de ellos para obtener la libertad provisional.

Esta disparidad de criterios ofrecida por el alto tribunal responde a una sola razón. Según el auto emitido ayer, a pesar de que «el riesgo de reiteración delictiva» es común a todos los actores implicados en el proceso secesionista, el juez considera que el daño que puede causar cada uno de ellos es muy distinto. De este modo, en el escrito se especifica que las aportaciones del exvicepresidente Oriol Junqueras, de Joaquim Forn, como antiguo máximo responsable de los Mossos, o de cualquiera de los dos líderes de las plataformas cívicas, por su elevada capacidad para movilizar a la gente, se encuentran «directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados en ella», provocando unas consecuencias que califica como «graves, inmediatas e irreparables». Entre algunos de estos episodios violentos que se detallan se encuentran el tumulto durante los registros de la Consejería de Economía, impidiendo la salida de los agentes de la Guardia Civil que participaban en él, el corte de líneas ferroviarias durante las jornadas de huelga o las amenazas y coacciones a los hoteles de algunos policías desplazados a Cataluña.

Contra el criterio de la Fiscalía

El juez Llarena no considera, sin embargo, que los seis exconsejeros restantes dispongan de la misma capacidad para causar daño, de ahí su decisión de concederles la libertad bajo fianza tras haber permanecido un mes y dos días en prisión. A media tarde de ayer abandonaron los centros penitenciarios de Estremera y de Alcalá Meco tras haber depositado 100.000 euros cada uno en concepto de caución, un dinero aportado por la caja de resistencia de las plataformas secesionistas Òmnium y ANC. Además, les fue retirado el pasaporte, se les prohíbe abandonar el país y se les impone la obligación de personarse una vez a la semana en el juzgado.

El juez Pablo Llarena tomó esta decisión en contra del criterio de la Fiscalía, que solicitó que se mantuviera la postura aplicada en su día por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de mantenerlos en prisión, aunque no recurrirá la decisión, y en contra también de la acusación particular, en este caso ejercida por el partido vinculado a la ultraderecha Vox, que ya ha anunciado que sí presentará un recurso en los tribunales.

El documento «Enfocats»

A la hora de mantener en prisión preventiva a unos y de conceder la libertad provisional bajo fianza a otros, el juez del Supremo ha tenido muy en cuenta un documento titulado Enfocats, incautado por la Guardia Civil en uno de los registros ordenados por un juzgado de Barcelona. Se trata de una hoja de ruta en la que se detallan todos los pasos para lograr la autodeterminación en Cataluña. Según el magistrado, Junqueras, Forn y los Jordis forman parte de un «comité estratégico» que tiene un papel de dirección, por lo que serían actores decisivos a la hora de intentar implementar el proceso independentista.

Los abogados de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez trataron de desvincular el nombre de sus clientes de este documento al asegurar que ninguno de ellos tenía «ni idea» de quién podría ser su autor, al tiempo que anunciaron que recurrirán la decisión.

La reciente absorción por parte del Tribunal Supremo de la causa abierta en la Audiencia Nacional contra los líderes independentistas por delitos de rebelión, sedición y malversación, por los que se enfrentan a más de 30 años, motivó que estos solicitaran comparecer ante el juez Llarena, quien semanas atrás había dejado en libertad provisional a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y al resto de los miembros de la Mesa, una vez que acataron la aplicación del artículo 155 y garantizaron que no continuarían haciendo política fuera de los márgenes que concede la Constitución. De este modo, el pasado viernes imitaron su misma estrategia de defensa, aunque con suerte dispar.

Otro de los argumentos de los letrados para solicitar la salida de prisión fue que todos los líderes independentistas, salvo Cuixart y Borrás, forman parte de alguna lista de las que concurren a las elecciones del día 21, cuya campaña arrancó de manera oficial la pasada madrugada con la pegada de carteles. Sin embargo, Llarena no considera oportuno que este hecho suponga una rebaja de las medidas cautelares.

La Justicia belga decidirá en diez días si extradita a Puigdemont y a 4 exconsejeros

cristina porteiro

La defensa insiste en que España no pueda garantizar un juicio justo a los acusados

Comienza la cuenta atrás para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros fugados de la Justicia española (Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí). En el plazo de diez días se sabrá si el juez belga a cargo de estudiar la orden de detención europea que pesa sobre los cinco los extradita a España.

Eso es lo que pide la jueza Lamela desde el pasado 3 de noviembre, cuando emitió la orden de arresto. A su petición se sumó la Fiscalía belga, que ayer volvió a pedir ante el juez que envíe de vuelta a España a los cinco fugitivos por «conspiración» y malversación, como hizo el pasado 17 de noviembre. Los fiscales sostienen que los acusados tomaron decisiones ejecutivas para organizar un complot y un alzamiento premeditado contra el orden establecido.

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