Los fallos del 1-O: «Hubo errores de primero de policía»

Fuentes policiales critican que la intervención en los colegios «fue una decisión política sin oír a los expertos»


REDACCIÓN / LA VOZ

¿Por qué el Gobierno central no fue capaz de evitar que se consumara el desafío secesionista con 12.000 agentes desplegados sobre el terreno? ¿Cómo fue posible que los independentistas burlaran el despliegue policial en Cataluña en la jornada del 1-O? Esas cuestiones están sobre la mesa de los expertos en seguridad, que no tienen dudas de los numerosos fallos registrados el pasado domingo en el dispositivo que se suponía debía garantizar la legalidad constitucional, aunque la asunción de responsabilidades es más difusa.

LOS RESPONSABLES

¿Quién tomó la decisión de que interviniesen la Policía Nacional y la Guardia Civil? «La decisión se tomó en la Moncloa y contra los criterios de los expertos y de los mandos situados en primera línea». Fuentes policiales consultadas por La Voz no tienen dudas de que el despliegue de los agentes en las calles de Cataluña no obedeció a ningún consejo de ningún experto. «Nadie en su sano juicio y con un mínimo de experiencia hubiera asesorado un despliegue como el que se hizo el domingo. Se cometieron errores de primero de policía», confirma un agente desplegado en Barcelona a modo de autocrítica.

Esos errores son variados, pero fuentes policiales sitúan el origen del problema en la tarde del viernes. «Cualquiera sabe que no se puede intervenir cuando la calle ya está tomada y no se tiene la iniciativa. El domingo ya era tarde», explica otro experto en seguridad acostumbrado a grandes despliegues.

Algunas fuentes aseguran que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, no estaba dentro del gabinete de crisis que seguía la jornada del domingo desde el complejo de la Moncloa. Tampoco se le vio en el centro de mando el lunes, cuando arreciaban las críticas sobre las fuerzas de seguridad. «Un sector del Gobierno quiere responsabilizar de las erróneas medidas a Diego Pérez de los Cobos -coronel de la Guardia Civil y uno de los principales mandos del Ministerio del Interior, al que se le encomendó la coordinación de los cuerpos policiales en Cataluña-, pero todas las decisiones que se adoptaron el 1-O tienen un marcado acento político», insisten las fuerzas consultadas

FALTA DE INFORMACIÓN

El papel del CNI. Los agentes desplegados sobre el terreno llegaron al domingo vendidos. La falta de información y de objetivos reales provocó el fracaso del despliegue en su plan de impedir que las votaciones se hicieran efectivas. «Se sabía que los Mossos iban a traicionarnos, que no iban a cumplir las órdenes judiciales. El mayor Trapero dio sobradas muestras de que no iba a colaborar. Habría que haberlo intuido al menos, porque el problema es que nos encontramos el domingo sin un plan B», relata uno de los agentes desplegados en Cataluña. Su mirada, y la de muchos compañeros, se dirige hacia los servicios de inteligencia. «¿Cómo es posible que el CNI no fuera capaz de localizar las más de cinco mil urnas desplegadas el 1-O? ¿Cómo no se consiguió información sobre el censo universal y el resto de las artimañas secesionistas que acabaron pillándonos por sorpresa? ¿Nadie va a asumir responsabilidades?», se pregunta otro policía de los que participan en el dispositivo en Barcelona.

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LAS CARGAS POLICIALES

«Incidentes puntuales». Uno de los aspectos del desarrollo del 1-O que más polémica ha generado es el de algunas cargas policiales registradas el domingo. Un mando gallego que ha estudiado varios casos de esa jornada defiende que los agentes «actuaron de un modo correcto en la práctica totalidad de los casos, en escenarios de máxima tensión, donde eran violentamente increpados y vejados por un amplio número de personas». Este jefe policial asegura que los «incidentes puntuales» que, a su juicio, se registraron durante las votaciones «fueron debidos a algún momento de máxima tensión de algún miembro del dispositivo que, por motivos que desconocemos, perdió los nervios y soltó un porrazo. Por protocolo, el resto de los miembros de la unidad tienen que acompañarlo y por ello se produjo alguna imagen no deseada, porque la instrucción de los desplegados era la de evitar la violencia en todo momento».

Ese extremo es confirmado por uno de los policías desplegados en Barcelona. «Cumplimos órdenes. El acoso que sufrimos fue tremendo. Aguantamos insultos, escupitajos, que nos lanzaran de todo, y lo hicimos durante horas. Ponían a los niños y a los mayores delante para buscar la foto. No les mirábamos directamente a la cara para no provocar. Teníamos orden de no hacerlo. Pero veíamos que ellos nos rodeaban con móviles para hacer fotos y vídeos solo cuando actuábamos nosotros», relata.

Este testigo directo que participó en una de las salidas de una de las unidades de intervención en las calles de Barcelona durante la jornada de votación asegura que, «cuando los manifestantes empezaban a grabar, dejaban de insultarnos y de golpearnos, pero hay compañeros que se vieron en una calle contra centenares de personas y que aguantaron horas de insultos y provocaciones sin moverse».

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«Deberíamos haber hecho intervenciones más selectivas en Barcelona»

Horas después de la finalización de la jornada del 1-O, los mandos policiales desplegados en Barcelona tenían claro que la cadena de errores había sido interminable. «La pugna propagandística se perdió el viernes. Teníamos que haber asegurado los colegios al acabar las clases e impedir la entrada de la gente, porque era fácil predecir que luego sería imposible sacarlos de allí sin que hubiera incidentes», asegura uno de los agentes desplazados a Barcelona.

La traición de los Mossos, que habían recibido la orden de la jueza de impedir la apertura de los centros de votación, provocó que las unidades de intervención policial no salieran a las calles hasta las ocho de la mañana. Para entonces era evidente que ya era tarde. Los secesionistas habían conseguido hacer llegar las urnas y las papeletas a los lugares anunciados para votar.

Objetivos específicos

Algunos mandos propusieron en ese momento hacerse con el control de un número mucho más reducido de colegios estratégicos (particularmente, aquellos en los que iban a votar conocidos políticos independentistas) a primerísima hora de la madrugada del domingo (siempre antes de las cuatro de la mañana), cuando en las escuelas no habría tantos ciudadanos. Pero esta opción se descartó porque, aun sabiendo que los Mossos no iban a allanar el camino, el Ministerio del Interior quería que fueran ellos los que empezaran el despliegue. También se rechazaron por parte de la cúpula ministerial las objeciones a un despliegue tan vasto porque la consigna era que debía verse claramente que un gran número de colegios habían sido clausurados.

En grupos de 50, los agentes iniciaron su recorrido por la capital catalana. Entre la Guardia Civil y la Policía Nacional consiguieron clausurar 41 puntos en Barcelona, 96 en toda Cataluña. Apenas la quinta parte del objetivo marcado por Interior.

«La batalla la perdimos en Barcelona. Allí era donde estaban los corresponsales de prensa y los políticos, pero también la mayor parte de los agentes desplegados. Ahí era donde habría que haber hecho un esfuerzo mayor para evitar la mala imagen», reflexiona un mando policial.

Cruce de mociones del PP y del PSOE sobre la intervención policial del 1-O

fran balado

Los socialistas culpan a la vicepresidenta, los populares reclaman apoyo a los agentes

Al fin le han puesto nombre y apellido. El domingo, Pedro Sánchez avanzó que exigirían responsabilidades por las cargas policiales en Cataluña que, según la Generalitat, se saldaron con cientos de heridos. El lunes concretaron desde Ferraz que las quejas irían dirigidas contra el Gobierno, y ayer señalaron a la responsable: la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Margarita Robles, anunció el registro de una interpelación urgente en la Cámara baja para que la número dos del Ejecutivo rinda cuentas en el hemiciclo. En el PSOE consideran que se trata de la «última» responsable política de las instrucciones impartidas a los agentes durante la convulsa jornada en la que el Gobierno catalán intentó celebrar el referendo a pesar de la prohibición expresa del Tribunal Constitucional. Tras esta interpelación, en la que Sáenz de Santamaría tendría que aclarar su actuación y «asumir responsabilidades», apuntan los impulsores, se presentará una moción en la que se incluirá la solicitud de reprobación. Esta figura parlamentaria es una herramienta con la que cuentan los miembros del Congreso para censurar las conductas de los integrantes del Gobierno, tal y como sucedió recientemente con Cristóbal Montoro y Rafael Catalá, ministros de Hacienda y Justicia, respectivamente.

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