El Gobierno responde a Puigdemont que usará «la fuerza del Estado de derecho»
ESPAÑA
El presidente catalán insiste en la negociación del referendo para acudir al Congreso
03 jun 2017 . Actualizado a las 08:41 h.Con el anuncio de la fecha y la pregunta del referendo, el proceso soberanista entrará la semana que viene en la fase de aceleración, de consecuencias imprevisibles. Pero antes de que empiecen las hostilidades, el Gobierno central y el catalán siguen inmersos en un diálogo de sordos, que consiste en lanzarse dardos a través de los medios de comunicación. Días después de que Carles Puigdemont instara a Mariano Rajoy a aclarar si empleará la fuerza para impedir el referendo, el Gobierno respondió ayer que «el uso de la fuerza será la fuerza del Estado de derecho, que es la que legitima la acción del Gobierno y en la que estamos todos los españoles», afirmó el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo. Una respuesta lo suficientemente ambigua como para que sirviera de advertencia, pero al mismo tiempo no desvelara los planes de la administración central.
El Ejecutivo del PP sigue sin mostrar sus cartas y amaga las medidas que tiene preparadas para frenar el proceso, aunque lleva semanas lanzando avisos, de la misma manera que el Palau de la Generalitat se apoya en toda la carga simbólica que tiene el concepto del uso de la fuerza, pero no aclara a qué se refiere. Tras la reunión semanal del Consejo de Ministros, el Gobierno evitó valorar «hipótesis de futuro» sobre si tomaría el control de los Mossos en caso de que la Generalitat intentara celebrar el referendo, aunque sí se mostró convencido de que los funcionarios cumplirán la ley y obedecerán al Constitucional. Fue un aviso para navegantes a los Mossos y a los empleados del Departamento de Educación de la Generalitat: los primeros, porque podrían ser requeridos por un juzgado para que requisen las urnas o para que las retiren de los colegios electorales; y a los segundos, porque serían los encargados de abrir las escuelas para las votaciones.
El otro asunto que dirimen el Gobierno central y el catalán a través del fuego cruzado en los medios es la oferta lanzada por Rajoy a Puigdemont para que acuda al Congreso a defender su plan soberanista. Una propuesta trampa, según entienden en la parte catalana, que no busca más que una derrota por goleada del proceso en Madrid, como ya le ocurrió al lendakari Ibarretxe. El presidente de la Generalitat siempre ha respondido al Gobierno que solo iría al Parlamento español para discutir un acuerdo cerrado previamente entre los dos Ejecutivos. Según La Vanguardia, el dirigente nacionalista estaría dispuesto a variar su posición y viajar al Congreso si se ponen sobre la mesa las condiciones previas de la negociación sobre la consulta.
«No quiere ir»
Una respuesta que para la Moncloa denota que el dirigente catalán «al final no quiere ir» al Parlamento. Aun así, Méndez de Vigo insistió en que el Gobierno no puede negociar un referendo y reiteró la invitación a Puigdemont para que acuda al Congreso a «hacer las propuestas que quiera», pero con «tranquilidad». La única fecha que tiene que anunciar, remató el ministro, es el día que acudirá al Congreso.
Sería toda una sorpresa que Puigdemont llevara su plan secesionista a Madrid, pero lo que seguro que hará la semana que viene es fijar la fecha y la pregunta del referendo, como gesto de compromiso ya irreversible con la celebración de la consulta. El anuncio será con toda probabilidad entre el miércoles y el jueves, después de que el martes se reúna el Pacto Nacional por el Referéndum.
La imputación al exconsejero de Justicia Gordó deja en una situación delicada al PDECat
El diputado del PDECat y de Junts pel Sí, Germà Gordó, se aferró ayer a su escaño y evitó dimitir a pesar de que se lo pidieron tanto sus compañeros de filas, como sus socios de Esquerra y la CUP. Lo hicieron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunciase la apertura de diligencias por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos en el llamado caso 3 %.
La Fiscalía Anticorrupción considera que el exconsejero y mano derecha de Artur Mas en la dirección de Convergència era el «conseguidor» y el «recaudador» de las presuntas mordidas pagadas por las constructoras al partido a cambio de la concesión de obras públicas y que investiga un juzgado de El Vendrell. El TSJC, en un auto conocido ayer, señala que Gordó, que fue secretario del Gobierno catalán (2010-2012) y consejero de Justicia (2012-2016), después de haber sido gerente de Convergència (2004-2011), «llevó a cabo una serie de actuaciones consistentes en requerir a ciertas empresas que pretendían obtener la adjudicación de concursos públicos cuantiosas donaciones a dos fundaciones de Convergència». En enero, el TSJC desestimó su imputación, una decisión que ahora revisa al contar con las «declaraciones de dos testigos protegidos que contienen información que permite conferir cierta verosimilitud» a los hechos delictivos.
Un imputado en Junts pel Sí
La investigación al dirigente nacionalista pone en una situación muy complicada a Junts pel Sí, que tiene a un imputado por corrupción en su grupo parlamentario y también al PDECat y a Artur Mas, pues el exconsejero ha sido siempre uno de sus más estrechos colaboradores. Esquerra, de hecho, fue casi la primera formación que salió a pedir su cabeza. Desde el PDECat, en un primer momento, defendieron a su dirigente, pero a media tarde de ayer la coordinadora del partido, Marta Pascal, le reclamó «generosidad» para dar un «paso al lado».
Gordó no dio ayer la cara y a través de una nota afirmó que «nunca ha hecho ninguna actuación fuera del ordenamiento jurídico». El exconsejero no dimitió, pero sí renunció a la presidencia de la Comisión de Justicia de la Cámara catalana. La patata caliente la tienen ahora el PDECat y Junts pel Sí, pues Esquerra presionará para que dimita y, como en el caso Palau, habrá una pugna entre la vieja guardia y la nueva.
La Fiscalía pide al Tribunal de Cuentas que investigue a Mas por gastar 5 millones en el 9N
La Fiscalía presentó ayer un informe al Tribunal de Cuentas en el que solicita la apertura de una investigación contra Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs para determinar su responsabilidad en el gasto de más de cinco millones de euros en las votaciones de la consulta del 9N, ya que dicho acto era «contrario al ordenamiento jurídico según mandato explícito del Tribunal Constitucional».
La Fiscalía ve posible malversación contable por parte de los cuatro dirigentes que fueron inhabilitados por la consulta del 2014 y pedirá que reintegren ese dinero. Entonces, el Tribunal Supremo (competente en el caso del diputado Homs) aseguró que no entró a valorar si hubo malversación porque limitó su pronunciamiento al delito del que se le acusaba.