No hace falta ver directamente el origen para salir espantado cuando el hedor se expande. Cada vez que se habla de corrupción, Rajoy se empeña en proclamar su inocencia y la de su partido y atribuir los casos a actuaciones particulares. Incluso aunque así fuera, la acumulación de casos concretos multiplica de tal manera los focos de inmundicia que el tufo que desprende el PP apesta. Y la pestilencia está impregnando al Gobierno de tal manera que el ambiente político se enrarece hasta la náusea. Porque el problema ya no son las responsabilidades particulares, penales o políticas, sino la asfixia de las instituciones por el mero hecho de no haber abierto a tiempo las ventanas.
El PP es el único partido que está imputado por la Justicia. Que se ha beneficiado económica, política y electoralmente de la corrupción está ya fuera de toda duda. Los dirigentes y altos cargos populares en prisión o investigados son tantos y de tan alto nivel que ya ni siquiera es necesario insistir en la responsabilidad in vigilando de Rajoy. Pero su estrategia de resistir como sea, aun al precio de que la corrupción se convierta en monotema político, está provocando un enorme daño moral. Y uno de los más graves es la plúmbea sombra de la sospecha que la intervención de ministros y altos cargos ha extendido sobre el funcionamiento de la Justicia. Y no, no es una campaña de insidias de los medios, porque quien ha vinculado al número dos de Interior con el chivatazo a Ignacio González ha sido el fiscal investigador, no la prensa. En su afán autoexculpatorio, el peor fiscal general que se recuerda amenaza con una ley para castigar las filtraciones. Quizás porque no se atrevió a pedir directamente que se prohíba su publicación. Nauseabundo.