El Gobierno central advierte a Puigdemont que no puede comprar urnas para el referendo

El Ejecutivo catalán tiene previsto encargar 8.000, pero dice que son presuntamente para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos


barcelona / colpisa

El proceso catalán entra en terreno desconocido, en el que cada paso que den los soberanistas puede tener consecuencias penales. No solo para los dirigentes políticos, sino también para los funcionarios y las empresas que colaboren con el referendo. Este fue el aviso que lanzó ayer el Gobierno central, un día después de que la Generalitat anunciara que va a sacar a licitación la compra de las urnas para la consulta que Carles Puigdemont pretende celebrar en septiembre.

Como en todos sus movimientos, el Ejecutivo catalán juega el equívoco y las cosas no acaban de llamarse por su nombre, ya que tiene previsto encargar 8.000 urnas, pero no dice que sean para el referendo, lo que sería ilegal, sino que son presuntamente para elecciones catalanas, consultas y procesos participativos. «Esta actuación es absolutamente legal», afirmó la consejera de Gobernación, Meritxell Borràs, encargada del concurso.

El Gobierno central, en cualquier caso, advirtió con contundencia que en cuanto el anuncio para la adquisición de las urnas se publique en el diario oficial, la Fiscalía actuará. Lo hará sobre la base de los avisos que tienen los miembros del Gobierno catalán por parte del Constitucional de que deben «impedir o paralizar cualquier iniciativa» que suponga desarrollar el referendo.

El Ejecutivo insistió en que la consulta es ilegal y que el Constitucional «ya dijo que impediría su celebración», por lo que instó a los que están en una «deriva» por su dependencia de la CUP que «no den más pasos» porque el Constitucional ha dejado las cosas «meridianamente claras», advirtió el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo tras el Consejo de Ministros.

Proceso enrocado

En realidad, el proceso está casi donde siempre en la batalla que libran por la opinión pública. Mientras el Gobierno asegura que la consulta no se celebrará, el independentismo afirma lo contrario. «Abriremos los colegios y que luego hagan lo que quieran», afirmó el portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà. La estrategia secesionista pasa por forzar la máquina al máximo para provocar una intervención desproporcionada del Gobierno de Rajoy. Abrir colegios, poner urnas y que sea la policía la que actúe mientras miles de catalanes presionan en la calle.

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