Menos pena para Alavedra si confiesa el cobro de comisiones ilegales

M. B. MADRID / COLPISA

ESPAÑA

El banquillo del caso Pretoria
El banquillo del caso Pretoria Fernando Villar | efe

El hombre de confianza del presidente Jordi Pujol estudia alcanzar un pacto con la Fiscalía en el caso Pretoria

14 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

La Fiscalía Anticorrupción llegó ayer a un principio de acuerdo con la defensa del exconsejero de Economía de la Generalitat catalana Macià Alavedra, en el juicio por el caso Pretoria en la Audiencia Nacional. La fiscal Ana Cuenca ofreció al que fue hombre de confianza del presidente Jordi Pujol una rebaja en la petición inicial de pena, seis años y diez meses de prisión, y pagar una multa de 10,3 millones de euros si confiesa en su declaración que cobró comisiones por adjudicaciones de obras en varios ayuntamientos catalanes.

El ministerio público también cerró un pacto con otros dos acusados, Philip McMahan y Gloria Torres, a cambio de que reconozcan su culpabilidad. Procesados por contribuir a «la ocultación y reinversión» de las comisiones ilegales que percibió Alavedra de la trama Pretoria, el acuerdo evita su ingreso en prisión. En el caso de McMahan, se rebaja de tres años y medio de cárcel a seis meses y al pago de una multa de 2,6 millones de euros o arresto sustitutorio en el caso de impago; mientras que a Torres le disminuyó de dos años y medio a seis meses de cárcel y una multa de 315.000 euros, que ya pagó con anterioridad. En ambos casos se los condena por un delito de blanqueo de capitales, pero se les retira el agravante de continuado.

Estos movimientos se produjeron en la primera sesión del juicio sobre una presunta trama de corrupción urbanística que operó entre el 2000 y el 2009 en los municipios barceloneses de Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de Llavaneras. Tanto Alavedra como Lluís Prenafeta, exsecretario de Presidencia con Pujol, son los dos principales acusados de planificar y ejecutar «el cobro de cuantiosas comisiones a cambio de la concesión de adjudicaciones públicas relacionadas con el desarrollo urbanístico de los tres ayuntamientos».