La oposición se impone al PP y forzará al fiscal general a explicarse en el Congreso
ESPAÑA
Asociaciones profesionales atacan a Catalá por criticar a las encargadas del caso Sánchez
17 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.El fiscal general, José Manuel Maza, tendrá que ir al Congreso a explicar por qué no acusó de corrupción al presidente de Murcia en contra del criterio de sus subordinadas en el caso. PSOE, Podemos, Ciudadanos y Compromís solicitaron su comparecencia, urgente según la petición de los socialistas, porque sospechan que ha seguido instrucciones del Gobierno para exonerar a Pedro Antonio Sánchez de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada en un contrato de reputación personal con la trama Púnica.
El Gobierno y el PP ven innecesario que Maza acuda a dar explicaciones, pero la fuerza de los 192 diputados de los cuatro grupos que han reclamado su presencia impondrá que sea citado ante la Comisión de Justicia. Lo será, además, en breve porque el PSOE planteó que sea inmediata por «la alarma social» que ha generado la presunta «injerencia» del Gobierno en sus decisiones cuando afectan a altos cargos del PP acusados de corrupción.
Maza se mostró «encantado» con la posibilidad de ir al Congreso, pero negó que haya existido presión alguna desde el Ejecutivo para eximir a Pedro Antonio Sánchez de la acusación de contratos fraudulentos con caudales públicos. Las fiscales anticorrupción que llevan la acusación en la causa, Carmen García y Teresa Gálvez, consideraron que había indicios suficientes para acusar al presidente murciano por sus negocios con la trama Púnica y que sea investigado en el tribunal superior de su comunidad por su condición de aforado. Ambas funcionarias se negaron a firmar el escrito de la Fiscalía que pedía no acusar al gobernante autonómico, y el texto llevó la rúbrica de la teniente fiscal Anticorrupción.
Técnica y sin presiones
El fiscal general aseguró que su decisión fue «honesta», basada en fundamentos «técnicos» y contó con el aval de su secretaría técnica y un informe de los fiscales del Tribunal Supremo. Por tanto, según Maza, «es insensato pensar que puede haber presiones» y es «sorprendente» que alguien crea que puede haberlas. Aunque la Fiscalía no acusará a Sánchez, sí lo hará la Asociación de Abogados Demócratas por Europa, acusación popular en el caso, e instará al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a que traslade la causa al Tribunal Superior de Justicia.
Al que enfadó de verdad la decisión de las dos fiscalas fue al ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien aunque ha defendido «la autonomía» del Ministerio Público no dudó en reprender a ambas funcionarias judiciales por «lo anómalo» de su actuación. «Quizá -apuntó Catalá en la cadena Ser- quienes tienen el problema son las fiscalas» porque sus superiores jerárquicos no han respetado su criterio inculpatorio. A su entender, dijo, la razón está «más del lado» de los superiores que de las subordinadas.
Pero lo que más irritó a Catalá es que se filtrara la discrepancia y el informe acusatorio. La Fiscalía tendría que actuar «con mayor discreción», y el ministro no se refería solo a que trascendieran las discrepancias con el caso del presidente de Murcia. Aludía al acuerdo alcanzado unos días antes con unos empresarios que confesaron haber financiado al PP valenciano a cambio de penas que evitaron su ingreso en prisión.
Críticas al ministro
Aunque hubo otra filtración que ni Catalá ni Maza supieron explicar, la que llegó a Pedro Antonio Sánchez sobre la posición de la Fiscalía adoptada el pasado lunes favorable a no acusarlo en el caso Púnica. El presidente murciano dijo en declaraciones públicas el martes por la mañana que sabía que los fiscales del Supremo se oponían a su acusación, un dato del que la Fiscalía no informó hasta horas después. El documento pasó «por las manos suficientes para que alguien le haya podido informar del asunto», aventuró el ministro de Justicia a modo de explicación.
La intervención de Catalá en esta polémica puede resultarle cara porque, por un lado, dos asociaciones de fiscales le reprocharon que «en una intromisión intolerable» recrimine a dos acusadoras por no acatar el criterio de sus jefes cuando las discrepancias están a la orden del día en la carrera fiscal. La Unión Progresista de Fiscales llegó a pedir la dimisión del ministro, mientras que la Asociación Profesional Independiente de Fiscales le recordó que lo anómalo es que no discutan las órdenes que consideran improcedentes.
Por otro, el PSOE preguntará al ministro la próxima semana en el Congreso por qué pone en tela de juicio la actuación de las fiscalas del caso Púnica en su vertiente murciana.