Al día siguiente de clausurar su congreso, el partido se niega a declarar en el juicio de la Gürtel y defiende al presidente murciano después de que la Audiencia Nacional pida que se le investigue
14 feb 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No habían pasado 24 horas de la clausura de su congreso y el PP volvió a toparse con la corrupción. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusó al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de fraude, cohecho y revelación de información reservada sobre la trama Púnica. La dirección del partido salió en defensa de su barón territorial e hizo suya la versión del presidente murciano de que nunca contrató con la red corrupta, uno de cuyos cabecillas es Francisco Granados, ex número dos de los populares de Madrid.
Mariano Rajoy dijo durante el cónclave del pasado fin de semana que confiaba en que la corrupción ya solo sea «parte de la mala historia» de su partido y no vuelva más. Pero su deseo se truncó ayer mismo, porque los procesos judiciales por esas prácticas ilegales no son asuntos del pasado sino del presente. El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusó al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, de fraude, cohecho y revelación de información reservada para favorecer a la trama Púnica. En el mismo escrito, el instructor acusó a la senadora del PP Pilar Barreiro de otros cinco delitos.
El PP estaba preparado para pasar ayer el mal trago de las declaraciones de Ana Mato y el abogado del partido en el juicio del caso Gürtel, pero el auto de Velasco no entraba en sus cálculos. En la vista de la Gürtel, en el que el PP está acusado, el abogado del partido se negó a declarar, lo que llevó al fiscal a interpretar su silencio como una confesión.
El presidente de Murcia lo negó todo y aseguró que «nunca» acordó, pactó o contrató nada con la empresa de Alejandro de Pedro, uno de los cerebros de la Púnica, para mejorar su reputación en las redes digitales cuando era consejero de Educación y aspiraba a presidir el Ejecutivo murciano. «No se puede demostrar lo que nunca existió», subrayó. La dirección del PP lo creyó, se ciñó al guion de anteriores casos de corrupción e hizo suyas las explicaciones del acusado. Dolores de Cospedal señaló que el contrato al que alude el juez «nunca se celebró» y, por tanto, «no existe». La secretaria general recordó que el presidente murciano ha sido acusado en «16 querellas» presentados por otras fuerzas políticas y «todas han sido archivadas». La número dos del PP atribuyó la nueva acusación, que esta vez cuenta con el aval de un juez, a que «siempre hay otras personas que quieren ocupar tu lugar». La dirección popular descartó tomar cualquier tipo de medida disciplinaria, al menos hasta que se produzca la imputación formal o llegue la apertura del juicio oral al presidente de Murcia, si se produce.
En manos de Ciudadanos
El juez de la Audiencia Nacional, aunque cuenta con la oposición de la Fiscalía a su petición para que se investigue, deberá enviar ahora una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, que es la instancia que corresponde al presidente murciano por su condición de aforado, y que deberá decidir si lo investiga con los indicios encontrados por Velasco.
Ciudadanos, el partido del que depende la continuidad del Gobierno autonómico de Sánchez, también va a aguardar, pese a las presiones del PSOE y Podemos, a que sea citado por el Tribunal Superior de Murcia a declarar como imputado. En ese momento, anunció el secretario general, José Manuel Villegas, exigirán la dimisión del presidente autonómico. «Esperamos que [cuando llegue ese momento] cumpla y dimita para no poner en riesgo la estabilidad» política de esa comunidad, apuntó el líder de Ciudadanos, Albert Rivera. En caso de que no sea así, la formación liberal respaldará una moción de censura que tiene asegurada la victoria. El PP tiene 22 diputados en la Asamblea Regional de Murcia; el PSOE, 13; Podemos, seis; y Ciudadanos, cuatro. Sería, de materializarse, la primera vez que el partido naranja contribuyera al desalojo del poder a un gobernante al que apoyó en la investidura.
Un problema adicional para el PP es que este no es el único caso en que está implicado el presidente murciano, que también tiene abierta una investigación en el tribunal superior de su comunidad por el llamado caso Auditorio, por delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración, falsedad documental y malversación de caudales públicos cuando era alcalde de Puerto Lumbreras.
La dirección popular confía, no obstante, en la versión de Sánchez, que mantiene su inocencia tanto en un caso como en otro. Pero los dirigentes populares reconocen que no ayuda en nada a lavar la imagen del partido, tarea en la que se empeñaron a fondo Rajoy y Cospedal en su congreso con sendos actos de contrición por la falta de reflejos del partido en el pasado para afrontar los casos de corrupción y con el reconocimiento del daño causado por esas prácticas ilegales por parte de miembros del PP.
El propio presidente del Gobierno, antes de conocer las acusaciones contra Sánchez, señaló en declaraciones a TVE que ahora el PP «está haciendo mejor las cosas», con una gestión más profesional de sus finanzas y con la adopción de iniciativas políticas para luchar contra la corrupción. «Estoy muy tranquilo», dijo.