Una ley criticada por todos los sectores judiciales y rectificada dos veces

joaquín sanz, t. n. REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Emilio Naranjo | EFE

Varias huelgas, recursos de inconstitucionalidad y modificaciones son algunos de los capítulos derivados de una de las pocas medidas que el exministro Gallardón logró sacar adelante

30 jul 2016 . Actualizado a las 11:06 h.

La ley de tasas judiciales impuesta por el Gobierno del PP hace ya casi cuatro años ha sido desde su mismo planteamiento fuente de polémica y conflictos entre los diferentes sectores de la Justicia y el Ejecutivo. Varias huelgas, recursos de inconstitucionalidad y modificaciones por parte del Gobierno son solo algunos de los capítulos derivados de una de las pocas leyes que el exministro Alberto Ruiz-Gallardón logró sacar adelante. 

Enero del 2012

Gallardón anuncia nuevas tasas judiciales. En su estreno como ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón anuncia su intención de implantar nuevas tasas y agravar otras con el objetivo de reducir la litigiosidad, evitar «abusos» y mejorar el uso de los recursos disponibles. 

Noviembre del 2012

Aprobada la ley. Con los votos únicamente del PP, el Parlamento aprueba la ley que regula las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia. El PSOE anuncia la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional, que ahora ha fructificado, al entender que la nueva norma rompe con la igualdad que proclama la ley fundamental. En cambio, el Ejecutivo se muestra convencido de que el recurso no prosperaría porque, argumenta, el Tribunal Constitucional ya se había manifestado en varias ocasiones avalando la legitimidad de las tasas «si respetan el principio de proporcionalidad en función de la capacidad económica de los ciudadanos», y, según los populares, «esa nueva ley de tasas respeta ese principio». Alfredo Pérez Rubalcaba, entonces líder de la oposición, considera la iniciativa de Gallardón como «un retroceso más» en el «sistema de derechos y libertades» y acusa al PP de utilizar la crisis económica «como coartada para imponer un cambio muy profundo y cargado de ideología». Por su parte, el presidente Mariano Rajoy califica la nueva ley de «sensata y equilibrada».