La presidenta dice que la Junta es compatible con la secretaría general, y el exlíder socialista no se rinde
23 nov 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El clima de división interna que se ha instalado en el PSOE es tan intenso que cualquier mínima chispa sirve para avivar su llama. Y si sus protagonistas son Susana Díaz o Pedro Sánchez, con razón de más. La presidenta de la Junta de Andalucía tocó este lunes una fibra sensible con su afirmación de que sería «perfectamente compatible» estar al frente de un Gobierno autonómico y ser la secretaria general del partido. Y el exlíder de la formación ha puesto nerviosos a muchos con el anuncio de su reaparición este sábado en Xirivella (Valencia) y una carta en la que su equipo garantiza a sus seguidores que no tirarán la toalla. En realidad, Díaz sigue sin dar por bueno que aspirará a liderar el partido. Y en el entorno de Sánchez hay quien plantea que, llegado el caso, este podría ceder el testigo a otro candidato menos contaminado.
Pero tanto monta. La mayoría de aquellos que apoyan el trabajo de la gestora entienden que esta vez la dirigente andaluza no puede dar la espantada y, en el otro frente, en el de los críticos, admiten que hoy por hoy el único que es capaz de capitalizar el malestar de la militancia es el ex secretario general. «Provoca -dice uno de sus más cercanos- una adhesión intransferible». El hecho de que Díaz haya verbalizado lo que en su entorno ya llevaban dejando caer desde hace mucho -que no cree que deba dejar la Junta de Andalucía para liderar el partido- es, además, muy indicativo. Y, por si acaso, sus detractores ya han empezado a advertir de que tal cosa sería una locura. «¿En nombre de quién va hablar cuando vaya a una conferencia de presidentes en un país en el que las tensiones territoriales están a la orden del día? Sería un problema grave», plantean.
Los oficialistas replican que, dado que sería una dualidad temporal -hasta que Díaz se convirtiera en candidata a la presidencia del Gobierno-, no tendría por qué plantear problemas. «Al revés, al menos desde la Junta tendría una plataforma de la que de otro modo carecería por no ser diputada en el Congreso», aducen.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, se mostró, sin embargo, algo dudoso cuando se le preguntó, durante un desayuno del Foro Europa en Madrid, por el asunto; aunque acabó resolviendo que, si se anteponen «los intereses de los ciudadanos» con cierta conciencia armonizadora, no tendría por qué haber problema.
Puig también defendió que, antes de resolver la cuestión del liderazgo, el PSOE «tiene que saber de verdad qué quiere ofrecer». Es la tesis de la gestora, decidida a retrasar el congreso federal hasta principios del verano. Entre los argumentos que utiliza la dirección interina -dominada por los afines a Díaz- está el de que primero hay que rebajar tensiones y discutir de ideas (aunque el partido ya celebró una conferencia política en la que puso a punto su ideario en el 2013). El caso es que las tensiones están lejos de desaparecer. Y la prueba está en las reuniones que ayer celebraron los grupos parlamentarios del Senado y el Congreso con el andaluz Mario Jiménez, portavoz de la gestora y responsable de organización. «En todo el tiempo que llevo, nunca he visto tanta división», se lamenta un senador con dos legislaturas a sus espaldas. Jiménez recibió quejas por el modo de comportarse de la gestora en la toma de decisiones.
Un juzgado sevillano pide investigar a un miembro de la ejecutiva andaluza
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía deberá analizar si imputa al parlamentario andaluz y vicesecretario general del PSOE de Sevilla, Carmelo Gómez, tras haber recibido una exposición razonada de un juzgado de la ciudad andaluza en la que se apunta a que el también miembro de la ejecutiva regional del PSOE-A pudo haber «simulado» un contrato con empresas vinculadas al conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, por el que habría cobrado 8.390 euros en el año 2007. La jueza atiende así a la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación por un supuesto delito societario en la sociedad mixta que gestiona la lonja hispalense Mercasevilla.