Mas se escuda en los voluntarios y ahora dice que no organizó el 9N

Rajoy considera «inaceptables» las «amenazas» del presidente catalán, que insinúa que no acataría una inhabilitación por parte del tribunal

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Madrid / La Voz

Asumo toda la responsabilidad por el referendo, pero yo no lo organicé. Ese es el enrevesado resumen de la declaración que ayer prestó el presidente catalán en funciones, Artur Mas, ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, imputado por la consulta independentista celebrada el pasado 9 de noviembre. En una puesta en escena pretendidamente épica, el líder de CDC llegó al juzgado acompañado por decenas de alcaldes catalanes secesionistas y fue aclamado por miles de personas que lo aguardaron a las puertas del juzgado.

En su declaración, utilizó los mismos argumentos que los de la exvicepresidenta catalana Joana Ortega y la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Es decir, negar que haya cometido un delito de desobediencia porque a partir de que el Tribunal Constitucional prohibiera el referendo el 4 de noviembre, todo el proceso quedó en manos de voluntarios, que fueron quienes llevaron a cabo la consulta. «La responsabilidad es toda mía. De algunas, como de la jornada de participación, soy responsable único. No hace falta que baje más», dijo, para librar de toda responsabilidad a sus subordinadas.

Su defensa se basa en establecer una diferencia entre la «iniciativa política» de esa consulta, que asume, y la materialización de la misma, de la que pretende escapar. «Me declaro máximo responsable de haber tomado la iniciativa política y de haber ideado e impulsado el proceso participativo», dijo, pero insistió en que a partir de la prohibición del Constitucional él quedó completamente al margen, por más que admitiera que esos 40.000 voluntarios habían sido formados por la Generalitat.

La imputación es por «rabia»

«No entiendo por qué estoy aquí cuando es una decisión política y debería dar explicaciones ante el Parlament», señaló ante el juez. Luego, ante la prensa, utilizó los mismos argumentos, pero añadió algo que muchos interpretaron como un guiño a la CUP, que exige la desobediencia para negociar un acuerdo con Junts pel Sí. Preguntado si, en el caso de que el tribunal terminara inhabilitándolo acataría esa sentencia, dio a entender que no lo haría. «Depende del momento político en que llegase», dijo sobre esa inhabilitación. «¿Alguien cree que esto se acaba inhabilitando a alguien, aunque sea al presidente? Yo no lo creo», añadió.

Mas responsabilizó al Gobierno de su imputación porque, según dijo, «el éxito del 9N fue lo que provocó estas querellas» que no se basan «en decretos o leyes». «Lo que hay es rabia por el éxito», insistió el líder de CDC.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, consideró «inaceptables» las «amenazas» de Mas a la Justicia y le advirtió de que tiene la obligación de cumplir la ley igual que cualquier otro ciudadano y de que la Justicia en España es independiente. Puso como ejemplo de esa independencia el que representantes de diversos partidos han sido citados por los jueces. «No puede ser que tres o cuatro personas en España no puedan ser citados por los tribunales y estos sí puedan citar a más de cuarenta millones de españoles», señaló Rajoy.

La Fiscalía advierte de que usará la ley para defender la independencia de los jueces

La actitud de Mas provocó ayer la inmediata reacción de la Fiscalía General del Estado que advirtió al presidente en funciones de la Generalitat de que empleará los «medios legales» a su disposición para preservar su independencia, después de manifestar su «rechazo» a «los nuevos ataques» ocurridos ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante la declaración.

En un duro comunicado, la Fiscalía rechaza lo que considera intento del presidente de la Generalitat de presionar a los jueces, después de que cerca de 400 alcaldes, miembros de su Gobierno y miles de personas se concentrasen en los exteriores de la sede del Tribunal Superior de Justicia catalán cuando el presidente declaraba como imputado.

Para la Fiscalía, estos comportamientos «son todavía más censurables cuando provienen de cargos públicos que tienen un deber reforzado de respetar el sistema democrático de división de poderes». Por ello, avisa de que «empleará los medios legales a su disposición para preservar la independencia de los tribunales en este caso como en cualquier otro, ya que es uno de los pilares fundamentales en que se sustenta el sistema de Justicia».

Desde el ámbito político, la diputada del PSC y número dos en la lista del PSOE por Madrid, Meritxell Batet, acusó ayer a Mas de pretender ser un «mártir ante la historia», mientras se comporta como un «irresponsable político». «Que no nos dé lecciones de democracia», exigió la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.

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