El tribunal superior catalán investigan la compra de 7.000 ordenadores con dinero público para la consulta independentista
15 oct 2015 . Actualizado a las 01:14 h.Un presidente de la Generalitat declarará este jueves como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), un acontecimiento casi inédito en más de 35 años de democracia y que únicamente tiene como precedente en Cataluña la querella contra Jordi Pujol por el caso Banca Catalana en el año 84. El independentismo, que entiende la causa contra el 9N como una persecución política contra Artur Mas y el proceso soberanista que lidera, redoblará el jueves las protestas ante el TSJC, donde comparecerá el jefe del Ejecutivo autonómico, acusado de cuatro delitos por su actuación en la consulta alternativa del 9N.
La Asamblea Nacional Catalana y Omnium Cultural han convocado a los suyos a las 9.30 horas para arropar al dirigente nacionalista y en defensa de la democracia y las instituciones catalanas, aunque la jornada reivindicativa para el independentismo arrancará mucho antes, pues Mas y los principales dirigentes del secesionismo participarán a primera hora de la mañana en la ofrenda floral en el homenaje a Lluís Companys por el 75º aniversario de su fusilamiento por las tropas franquistas. Un hecho histórico y cargado de simbolismo, el del único presidente europeo elegido por las urnas que murió ejecutado en el siglo XX, que Mas aprovechará para trazar una analogía y reforzar su figura entre el independentismo y presentarse como un gobernante perseguido por el Estado en plenas negociaciones con la CUP, partido que se resiste a investirle presidente de la Generalitat.
Después de su cita como imputado ante el juez, Mas hará una comparecencia desde el Palau de la Generalitat. La declaración del líder nacionalista llega caldeada por las concentraciones del martes, durante y después de las comparecencias de Irene Rigau y Joana Ortega, y el comunicado que hizo el TSJC, en el que cargo contra la Generalitat por ejecutar un «ataque directo y sin paliativos» a la independencia judicial y tratar de presionar a los jueces. El Gobierno catalán hizo este miércoles oídos sordos de las críticas del órgano de gobierno de los jueces y anunció que el paseíllo y las protestas en las escalerillas del juzgado volverán a repetirse «con toda normalidad» este jueves. El secesionismo busca una imagen que emplear como el ejemplo de que en el Estado español se persigue a demócratas y se judicializan conflictos territoriales.
La vicepresidenta Neus Munté señaló que el Gobierno catalán en pleno arropará a su presidente y que la protesta no será ningún mecanismo de presión, sino un acto de «solidaridad» con quien «defendió la democracia y puso las urnas» el pasado 9 de noviembre. Junto a los miembros del Ejecutivo catalán desfilarán en la comitiva de apoyo a Mas unos 400 alcaldes, como ya hicieron en las jornadas previas al 9N. Desde la ANC, mientras, criticaron el comunicado del TSJC al considerar que se trata de un intento por parte de los poderes del Estado de «coaccionar» el derecho a manifestarse. «Este derecho es irrenunciable e imprescindible», señalaron las plataformas soberanistas.
Requerimiento a la Generalitat
A la espera de la comparecencia de este jueves la querella contra Mas, Rigau y Ortega sigue su curso y el TSJC ha enviado un requerimiento a la Generalitat para que le facilite la factura de los 7.000 ordenadores que el Ejecutivo catalán compró para el 9N. Una adquisición que admitió la consejera de Educación, aunque precisó que la compra de los equipos informáticos «ya estaba prevista» para necesidades docentes posteriores y que en la actualidad están a disposición de las escuelas. El juez instructor del caso, Joan Manel Abril, ha reclamado además al Gobierno autonómico documentación sobre las partidas destinadas a desarrollar el software empleado para gestionar las votaciones. Mas, Rigau y Ortega están imputados por los delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de funciones.