Los jueces piden auxilio a la ONU

Carlos Lesmes desde la presidencia del CGPJ y Rafael Catalá desde el ministerio imponen a los suyos en los puestos claves del aparato judicial

Rafael Catalá y Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial.
Rafael Catalá y Carlos Lesmes, presidente del Consejo del Poder Judicial.

redacción / la voz

Tras las duras criticas vertidas en los últimos meses por distintos organismos internacionales, como el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (Greco), que denunció la falta de garantías en la independencia de los jueces y fiscales españoles; el Consejo General del Poder Judicial, uno de los directamente aludidos, tuvo a bien incluir el tema de la independencia judicial en el programa de los cursos de la Escuela de Verano de Mariñán, pero su praxis cotidiana discurrió por los mismo derroteros que ha venido siguiendo desde la llegada a la presidencia de Carlos Lesmes, que está funcionando en perfecta sintonía con el actual titular de la cartera de Justicia.

Esta situación ha llevado a dos de las cuatro asociaciones judiciales -Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente- y a la oenegé Rights International Spain a formular la segunda queja en menos de un año ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de Naciones Unidas, para pedirle que intervenga ante lo que consideran «graves injerencias del Gobierno en la independencia judicial».

En esta nueva queja, complemento de la formulada el pasado mes de noviembre, denuncian que «diversas iniciativas del Gobierno están erosionando el principio de separación de poderes», lo que «tiene como consecuencia un debilitamiento tanto del poder judicial como del Estado de derecho». Los firmantes de esta queja entienden que los hechos denunciados «pretenden limitar la capacidad de nuestros tribunales para ejercer las funciones de control institucional inherentes al poder judicial, en un contexto marcado especialmente por los numerosos casos de corrupción que se están investigando, así como por importantes restricciones a los derechos fundamentales y por recortes a los presupuestos de justicia».

Desde sus orígenes, una de las competencias clave del CGPJ es el reparto de cargos en la carrera judicial, desde los magistrados del Tribunal Supremo y parte de los del Constitucional hasta los presidentes de las secciones de las audiencias provinciales. Hasta el paso del ciclón Gallardón por la cartera de Justicia se practicaba la política del intercambio de cromos -tu apoyas al mío y yo apoyo al tuyo- que exigía la mayoría cualificada. Tras la reforma de la ley reguladora del Consejo General del Poder Judicial, estos acuerdos se pueden adoptar por mayoría simple, que es la que elige al presidente y a la que, de vez en cuando se le suma algún vocal del sector minoritario para no poner en riesgo la continuidad de su dedicación exclusiva como miembro de la permanente.

Por este sistema, Lesmes puso en la presidencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo a Manuel Marchena, que era el candidato con menos apoyos dentro de la propio sala. Cuando de lo de Marchena ya casi nadie se acordaba, llegó el final del mandato de José Manuel Sieira, presidente de la Sala de lo Contencioso. Por primera vez en la historia del alto tribunal, no se le permitió renovar. Lesmes no le perdonó que le chafase el indulto del kamikaze valenciano y en su lugar colocó a un buen amigo.

dos asociaciones denuncian ataques a la independencia judicial

Un ministro de Justicia discreto que acredita a diario su eficiencia

Si algo nunca podrá dejar de agradecer Mariano Rajoy a Ana Pastor es que le haya cedido a su segundo en Fomento, Rafael Catalá, no solo para ocupar la vacante de Alberto Ruiz Gallardón al frente del Ministerio de Justicia, sino también y sobre todo para afrontar los efectos del ciclón que provocó el paso del exalcalde de Madrid por un departamento ministerial que tenía ante sí uno de los mayores retos de la legislatura: encarrilar definitivamente la puesta al día de una administración de Justicia que, en buena medida, se rige por parámetros del siglo XIX. Gallardón consiguió ponerlo todo patas arriba y un rechazo inédito a la mayoría sus iniciativas legislativas, a pesar de que más de una, al menos sobre el papel, parecía de sentido común.

Catalá, no solo logró calmar los ánimos sino que está prestando grandes e impagables servicios al partido para el que trabaja. Se las arregló para que el tribunal que ha de juzgar la primera parte del caso Gürtel y los papeles de Bárcenas lo integren dos magistrados de plena confianza de la casa y a un tercero íntimo de uno de ellos. Colocó como secretaria de la sala de gobierno de la Audiencia Nacional a una compañera de orla de Mariano Rajoy en la Facultad de Derecho, Asunción Mosquera Loureda. El nombramiento, a propuesta del Ministerio de Justicia, fue decidido por cuatro votos a tres en el Consejo. Por sus manos pasará el reparto de todas las causas que se ventilan en ese tribunal. También puso coto a los incómodos magistrados eméritos del Supremo, nada fáciles de controlar.

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