Un instituto jurídico con tentáculos

El centro académico Schola Iuris está vinculado al comisario Villarejo y en él dan clases jueces, fiscales o policías competentes en alguno de sus casos


madrid / colpisa

En un exclusivo instituto jurídico de Madrid confluyen altos cargos policiales, reputados abogados, jefes de la Fiscalía y magistrados del Tribunal Supremo. El centro se llama Schola Iuris, fue creado en el 2004 y una de sus especialidades es el máster en Derecho Penal Práctico, homologado por el Colegio de Abogado de Madrid.

Los 14.000 euros que abonan los alumnos de matrícula por 512 horas lectivas tienen su «punto fuerte en el magnífico plantel de profesores». La prestigiosa lista la componen, entre otros, magistrados del alto tribunal como Manuel Marchena (presidente de la Sala Penal desde octubre), José Manuel Maza o Antonio del Moral; el presidente del Tribunal Superior de Madrid, Francisco Vieira; el fiscal jefe de este órgano, Manuel Moix; el comisario principal y exjefe de la UDEF José Luis Olivera; o el abogado Adolfo Prego, exjuez del Supremo y exvocal del Consejo del Poder Judicial. En el programa también figuran letrados de algunos de los bufetes más prestigiosos del país, como Cuatrecasas, Garrigues o Roca Junyent, defensor de la infanta Cristina en el caso Nóos. Algunos de estos abogados también tienen como clientes a políticos imputados en el caso Gürtel, como diputados autonómicos o exalcaldes del PP madrileño.

El hombre que ha reunido a este «magnífico plantel» se llama Ángel Benseny Pellicer. Es psicólogo forense de los juzgados de Primera Instancia de Madrid y aparece como administrador único de Schola Iuris, cuyo campus está en la planta 18 de la Torre de Cristal, en el centro financiero del Paseo de la Castellana.

Hasta aquí el contexto de Schola Iuris. El posible conflicto de intereses llegaría con la presencia de Benseny Pellicer en otras sociedades. Según el registro mercantil, aparece como apoderado junto al abogado Rafael Redondo y dos policías, los hermanos Carlos y Antonio Giménez, en el consejo de la empresa Cenyt Argo, que tiene como sociedad matriz a Cenyt Consultoría. El enlace entre ambas es Rafael Redondo, presidente de la asociación Transparencia y Justicia y socio del comisario José Manuel Villarejo, cuyo nombre salió a la palestra por sus menciones en el caso Emperador (Gao Ping), el ático de Ignacio González, la operación Púnica, los Pujol y, con mayor énfasis, en el caso del pequeño Nicolás.

Todo este paisaje de relaciones empresariales y casos judiciales con implicaciones políticas deriva en última instancia en Schola Iuris. Por ejemplo, en el caso Nicolás o Javier López Madrid, la acusación pública la lleva la Fiscalía de Madrid, con el profesor del centro Manuel Moix al frente. Curioso que en ambos casos el fiscal apenas está investigando y apoya archivar algunas pesquisas. Mientras que en el caso Pujol o las escuchas de La Camarga, la investigación policial la llevó la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), bajo la supervisión en su momento de otro profesor de Schola Iuris, el comisario José Luis Olivera, y de su amigo José Manuel Villarejo.

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