Un cambio unilateral sobre una modificación consensuada

JULIO Á. FARIÑAS REDACCIÓN / LA VOZ

ESPAÑA

Javier Lizon | EFE

La cesión a los registradores quebró el pacto inicial, que buscaba aliviar el trabajo de los juzgados

25 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

Formalizar un matrimonio civil, tramitar un expediente de nacionalidad, solicitar una partida de nacimiento o un certificado de defunción, crear una comunidad de vecinos y otro serie de trámites que el ex-ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón pretendía encomendar a los registradores de la propiedad y mercantiles, hasta ayer tenía fecha en el calendario: el 15 de julio de este año.

Pero no. Gallardón ya no está y esta reforma judicial, como otros proyectos estrella de su departamento, acaba de ser aparcado. Rafael Catalá, aprovechó los micrófonos que le aguardaban a la salida de un acto del Tribunal Supremo para anunciar que esa reforma que a casi nadie gustaba, ni siquiera a una parte de los potenciales beneficiarios, también se aplaza y/o abandona, a la espera de tiempos mejores.

La idea del cambio de la gestión del Registro Civil, un servicio público gestionado por funcionarios de Justicia especializados, unos 3.500 -de ellos un 20 % interinos- repartidos en los 431 registros civiles principales, en el central y en distintos municipios, no es nueva. La ley que regula su funcionamiento -siempre gratuito- permanecía inalterada desde 1957, hasta que, en el 2011, una reforma impulsada por el ministro socialista Francisco Caamaño modificó su gestión para dar entrada en ella a las administraciones autonómicas.