Es indudable que el yihadismo constituye si no la mayor sí una de las principales amenazas a la seguridad que debe afrontar España. No hay que esperar a que se repitan tragedias como la de París para recordarnos que atentados como los de Atocha no son un hecho aislado y que ese riesgo permanece latente, aunque no lo veamos en el día a día. Es una amenaza, además, que trasciende las fronteras geográficas y los límites temporales de una legislatura, por lo que se hace necesaria una respuesta concertada del grueso de las fuerzas políticas. Es decir, un pacto de Estado. Que no debe entenderse como sumisión de las partes sino como un denominador común para afrontar un problema de largo recorrido y múltiples dimensiones desde la continuidad política, con independencia de quien gobierne.
La adhesión a estos consensos básicos trazan la frontera entre los partidos que aspiran a gobernar y los que solo se preocupan de su nicho electoral. En este sentido, es importante la decisión con la que Pedro Sánchez ha buscado el pacto, que para él supone un arma de doble filo. Porque el acuerdo lo asienta como hombre de Estado y referente del PSOE cuando es cuestionado incluso por los suyos. Pero, al mismo tiempo, un acuerdo con el PP en año electoral puede restarle votos entre aquellos que consideran que ambos partidos vienen a ser lo mismo. En estos términos, la foto beneficia tanto a Rajoy como perjudica a Sánchez. Y más en la medida en que el pacto incluye medidas difícilmente digeribles para los socialistas y para quienes entienden que ni el Código Penal es un arma de guerra ni la democracia se defiende recortando libertades. Pero la política es el arte de ceder en lo particular para ganar en lo esencial, lo colectivo; y el buen político es el que antepone lo necesario a lo conveniente.