Doce meses que cambiaron España

«Probablemente, el año que viene muchos no estemos aquí y en estas mesas se refleje una composición de fuerzas distinta a la actual». Es raro que los discursos en la entrega de premios que, al terminar cada ejercicio político, organiza la Asociación de Periodistas Parlamentarios tengan un poso trascendente. Pero el 2014 no ha sido un año cualquiera y el mensaje con el que presidente del Congreso, Jesús Posada, cerró la gala recoge eso que tan claramente se respira en el ambiente: que España está a las puertas de un nuevo ciclo político. En doce meses, han cambiado muchas cosas. El impulso de la transición ha llegado a su fin. Los protagonistas de ese período histórico, presentes en la vida de los españoles durante los últimos treinta y ocho años, se han convertido definitivamente en personajes para la historia. Y lo cierto es que la muerte, el pasado 23 de marzo, de Adolfo Suárez, el primer presidente de la democracia, ha cobrado, en este contexto, un cierto cariz simbólico. Como la del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, el 10 de septiembre, o la del patriarca de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, cuatro días después.

Los antecedentes

Los indignados. Nada ha pasado de la noche a la mañana. Los españoles empezaron a descubrir los defectos del engranaje institucional que había ayudado a convertir a España en una «nación próspera» (como a menudo dicen los dirigentes políticos) a finales del 2008, cuando la caída del banco estadounidense de inversiones Lehman Brothers sacudió el mundo y puso en marcha una espiral destructiva de enormes consecuencias. En el 2011, los indignados, reflejo de un malestar colectivo, tomaron las calles y ocuparon la Puerta del Sol en plena campaña de municipales para clamar contra los desmanes del sistema financiero, la corrupción, la politización de la justicia, las desigualdades, los privilegios...

La política

El bipartidismo, en la picota. Sin embargo, ha sido este año cuando los anhelos de regeneración han tomado una dimensión mas amplia y contundente. El 25 de mayo, los dos partidos que, de forma alterna, han gobernado el país en las tres últimas décadas, recibieron un aldabonazo incuestionable en las urnas. Entre ambos, ni siquiera fueron capaces de sumar el 50 % de los votos en las elecciones al Parlamento Europeo. Cinco años antes, en esos mismos comicios alcanzaban casi el 81% de los sufragios. El líder de la oposición, el exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, entendió el mensaje y dijo adiós tras 21 años dedicado a la política. El fracaso del PP (que venía de ganar las elecciones en noviembre del 2011, con el 45 % de los votos) y del PSOE (en la oposición tras obtener el peor resultado de su historia en unas generales, un 29 %) vino acompañado del crecimiento de IU e UPyD que casi triplicaron sus votos de 2009, pero sobre todo, tuvo plasmación en la irrupción de una nueva fuerza, Podemos, y de un nuevo y mediático líder político, Pablo Iglesias, politólogo de 36 años, miembro de las Juventudes Comunistas en su adolescencia y activista antiglobalización, erigido en la voz de la calle.

La abdicación

Renovar la monarquía. Apenas una semana después, el 2 de junio, el Rey Juan Carlos, anunció su abdicación a los 76 años. Su discurso de despedida no pudo ser más claro: «Hoy merece pasar a la primera línea una generación más joven, con nuevas energías, decidida a emprender con determinación las transformaciones y reformas que la coyuntura actual está demandando y a afrontar con renovada intensidad y dedicación los desafíos del mañana», dijo. El mensaje de su heredero, el 19 de junio, en su proclamación ante las Cortes, también habló a las claras de la situación que atraviesa el país. «La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza; y para ello, velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente», dijo Felipe VI.

La corrupción

Hartazgo ciudadano. El caso Nóos, que ha acabado con la infanta Cristina en el banquillo de los acusados; la red Gürtel y la supuesta financiación ilegal del PP, que puso entre rejas en el 2013 al extesorero del partido, Luis Bárcenas; los ERE fraudulentos de Andalucía, con ex altos cargos del PSOE en el punto de mira; la fortuna oculta a Hacienda de Jordi Pujol, presidente catalán durante 23 años; Bankia y las tarjetas black de Caja Madrid, que han terminado de hundir al antaño encumbrado exministro de Economía Rodrigo Rato? En este 2014 se ha hecho más evidente el hartazgo de la ciudadanía hacia la corrupción. El Gobierno cierra el año, el penúltimo de la legislatura, con un paquete de reformas destinadas a lavar la cara contrarreloj. Mariano Rajoy ha dejado caer incluso a su ministra de Sanidad, Ana Mato, tras un auto del juez Ruz que la consideraba beneficiaria a título lucrativo de los regalos que la trama Gürtel hizo a su marido.

La constitución

Una reforma a debate. El PSOE inició ya tras la derrota de 2011 una actualización de su proyecto y aprobó las primarias abiertas a la ciudadanía como forma de elegir a su candidato a la presidencia del Gobierno, pero este año hizo algo más: permitió el voto directo de los militantes en la elección de su secretario general. Izquierda Unida también se ha sumado a la idea de abrir el proceso de elección del candidato a la sociedad. Este es un síntoma más del fin de etapa. Y va unido a la creciente presión a favor de una reforma de calado de la Constitución de 1978 que permita actualizar el sistema. Solo el PP se resiste a abordarla por temor a que se abra un período de inestabilidad. Sobre todo, porque, al contrario que los socialistas, que creen poder encauzar el auge del independentismo en Cataluña por la vía de la profundización en los elementos federales del modelo autonómico, piensa que los nacionalistas aprovecharían la ocasión para fraccionar la soberanía nacional.

Cataluña

La amenaza secesionista. CiU, que tan relevante fue en la transición y durante años mantuvo una actitud orientada al acuerdo y la búsqueda de la gobernabilidad de España, lidera ahora el proceso secesionista. Y el 9 de noviembre, su líder, el presidente Artur Mas, demostró su voluntad de llevarlo hasta las últimas consecuencias con la celebración del «proceso participativo» que sustituyó a la consulta sobre la independencia, prohibida por el Tribunal Constitucional. Lo que le ha llevado a ser investigado por la Justicia.