Una prerrogativa sin sentido

Jueces, fiscales y policías coinciden en dudar de su constitucionalidad y la consideran innecesaria, al haber juzgados de guardia las 24 horas


redacción / la voz

La incapacidad de los sucesivos gobiernos para consensuar la aprobación de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que sustituya a la de 1882, mil veces remendada, pero que sigue respondiendo a un modelo procesal del siglo XIX, llevó al nuevo titular de Justicia, Rafael Catalá, a elaborar, de prisa y corriendo, un anteproyecto de ley orgánica para echarle un nuevo remiendo que tape alguna de sus vergüenzas más ostentosas. El borrador que presentó en uno de los últimos Consejos de Ministros concreta los cambios en: «agilización de la justicia penal, fortalecimiento de las garantías procesales y regulación de las medidas de investigación tecnológicas».

La propuesta es un «corta y pega» de una parte del borrador de Código Procesal Penal elaborado por una comisión institucional que incluye una propuesta articulada de Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Nuevas herramientas

El anteproyecto de reforma que el Gobierno pretende aprobar en lo que queda de legislatura reduce a 45 páginas las 339 de aquel borrador. Una buena parte del mismo está dedicada a regular la interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas cuyo avance en los últimos años ha puesto al alcance de los delincuentes y de los poderes públicos encargados de perseguirlos unas herramientas inexistentes cuando se abordó la regulación legal de la intervención policial de las mismas en el marco de una investigación criminal.

Los vacíos legales en esta materia se han ido paliando, en alguna medida, con la jurisprudencia del Tribunal Supremo. El Constitucional, en una reciente sentencia, señalaba como inaplazable la necesidad de una nueva regulación.

Saltaron las alarmas

La publicación de algunos detalles del anteproyecto que en las próximas semanas será objeto de informes preceptivos poro no vinculantes del Consejo del Poder Judicial, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado hizo saltar las alarmas porque deja un margen de hasta 24 horas para que la Policía pueda interceptar cualquier tipo de comunicaciones sin previa autorización judicial, que se suple con la del ministro del Interior o el secretario de estado de Seguridad, «en caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, delitos de terrorismo, delitos contra menores o personas con capacidad modificada judicialmente u otros delitos que, en virtud de las circunstancias del caso, puedan ser considerados como de especial gravedad». La excepción a la autorización judicial previa, hasta ahora, se limitaba a los delitos de terrorismo.

Jueces, fiscales y sindicatos policiales consultados coinciden en que la regulación legal de la intervención de las comunicaciones resultaba imprescindible pero consideran que la ampliación de las competencias gubernativas es innecesaria y carente de sentido, dado que en todo los partidos judiciales existe un juez de guardia las 24 horas del día.

Todos coinciden en que esa ampliación sería de dudosa constitucionalidad. «Si es o no anticonstitucional lo tendrán que decir los tribunales, pero sospechamos que puede correr la misma suerte la ley de la patada en la puerta de Corcuera, pero nosotros como sindicato policial tenemos muy claro que la intervención de las comunicaciones debe ser autorizada previamente por un juez, apunta Javier Estévez, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP).

«No hay justificación para que un policía no acuda al juez de guardia a pedir unas escuchas. Es más fácil sacar de la cama a un juez que a un ministro», señala Álvaro Ortiz, portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), un colectivo que junto al de Jueces para la Democracia (JpD) cuestionó desde el primer momento la constitucionalidad de esa previsión legal.

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura y la Asociación de Fiscales se comparten los mismos temores. «Sin control judicial previo existe el riesgo de que esa prerrogativa se use para todo», apunta el magistrado Ignacio Picatoste. Ambas confían en que eso se retoque en el trámite parlamentario.

Las novedades

Tráfico asociados

Correos, SMS. El anteproyecto del Gobierno regula con detalle el acceso a los datos electrónicos asociados al tráfico telefónico que va más allá de las llamadas de voz, como los correos electrónicos, SMS, chats y redes sociales, que no recoge la legislación vigente .

Radiobalizas

Seguimientos y localizaciones. Las personas investigadas podrán ser objeto de seguimiento, a través de dispositivos colocados en vehículos o embarcaciones, así como la grabación de imágenes de las mismas. Ya se hace, pero ahora se regula de forma explicita en el anteproyecto.

Escuchas ambientales

Conversaciones bis a bis. La futura ley incluirá la regulación de la grabación de las conversaciones orales directas que se mantengan entre personas investigadas, tanto en su domicilio como fuera de él.

Uso de troyanos

Registro informáticos a distancia. Por primara vez se regula la instalación de Software en equipos informáticos de personas investigadas para poder acceder a distancia al contenido de los mismos. Ello legalizará el uso de los populares troyanos en las investigaciones policiales de determinados delitos.

Agente encubierto

También virtual. El anteproyecto contempla la utilización de un agente encubierto que podrá grabar imágenes y conversaciones con los investigados e incluso intercambiar con ellos ficheros ilícitos.

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