Los expertos valoran la puesta en marcha del portal, pero destacan sus carencias en contenidos y forma y ven vital la participación de la sociedad
11 dic 2014 . Actualizado a las 05:00 h.Un paso adelante positivo, pero insuficiente. Este es el veredicto de los expertos consultados por La Voz sobre el Portal de la Transparencia que ayer entró en funcionamiento.
¿Qué supone la puesta en marcha del Portal de la Transparencia?
«De no tener nada a tener algo siempre es positivo, pero deja mucho que desear», asegura Juan Carlos Galindo, especialista en prevención de blanqueo de capitales y delitos de las organizaciones. «Es positiva, aunque debería haberse aprobado meses antes», señala Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y miembro del consejo de dirección de Transparencia Internacional España. «La ley ha entrado en vigor pero el Gobierno ha llegado tarde con el Consejo de la Transparencia, con el portal y con los procesos y estructuras para implantarla», añade. «Debe valorarse inicialmente de forma positiva», afirma Agustí Cerrillo, catedrático de Derecho Administrativo y autor de diversos trabajos sobre transparencia y corrupción, pero aplaza una valoración definitiva hasta ver si la información «tiene la calidad suficiente para cumplir sus funciones y está bien estructurada para ser fácilmente encontrada, si se actualiza con la frecuencia requerida o si se difunde en formatos fácilmente reutilizables». «Es positivo contar con un portal de estas características, pero no cumple su función de proporcionar al ciudadano nueva información relevante sobre la gestión de lo público ni habilita buenos mecanismos para el intercambio de datos entre instituciones y ciudadanos», señala Javier de Vega, miembro del equipo directivo de Civio, una fundación ciudadana que lucha por la transparencia real y el libre acceso a los datos públicos.
¿Está al mismo nivel que los de otros países europeos?
Manuel Villoria estima que «en términos de información está a la altura, pero debe mejorar en reutilización y en interoperabilidad». «No, ni en contenidos ni en formas», señala De Vega. «En contenidos presenta poca información relevante relativa a servicios públicos esenciales y de interés general, que portales de países de nuestro entorno, como el del Reino Unido, sí abren al uso público». Pero es peor aún en las formas. «Para solicitar información hay que identificarse mediante un DNI electrónico, certificado electrónico o claves de acceso, obstáculos que desincentivan al ciudadano para pedir información», añade. «En otros países exigen lo mínimo para poder enviarte la respuesta: un correo electrónico y quizá un nombre», concluye.
«España avanza sensiblemente en materia de transparencia, pero no se puede considerar que por tener una ley o colgar información en Internet, las Administraciones y las instituciones públicas españolas serán más transparentes», dice Cerrillo. «También es necesario un cambio en la cultura organizativa, un liderazgo decidido y un compromiso colectivo fuerte a favor de un funcionamiento transparente de las instituciones públicas y una sociedad civil activa que consulte la información, la reutilice y controle la actividad de las Administraciones públicas», concluye.
¿Puede ser un arma contra la corrupción?
Los expertos creen que el hecho de que la información sea más accesible puede contribuir como elemento disuasorio, pero no de forma decisiva. «Puede prevenir un poco la corrupción, pero para que sirva en la lucha de verdad se necesita que la sociedad civil se ponga a trabajar y a demandar datos y a cruzar información», explica Villoria. «Este es un instrumento para que el Gobierno y la sociedad colaboren para detectar irregularidades, buscar los responsables y sancionar la falta de ética o diligencia», añade. «Puede ser un instrumento útil, la disponibilidad de la información puede evitar que se cometan determinadas infracciones o se persiga el beneficio personal por aquellos que trabajan en las Administraciones», destaca Cerrillo. Pero insiste en que si las Administraciones se niegan a dar informaciones comprometedoras habrá que esperar a ver cómo actúa el Consejo de la Transparencia y, además, «la no difusión de información como la relativa a las agendas de los altos cargos puede impedir conocer la actividad de los grupos de presión; no difundir los currículos de los asesores puede dificultar identificar posibles conflictos de intereses, etc. ».
«Como está diseñado no, porque la información que publican ya es de acceso público», sostiene Galindo.