Recurre al Constitucional para que vete también el sucedáneo de consulta
01 nov 2014 . Actualizado a las 05:00 h.El Gobierno advirtió ayer al presidente de la Generalitat de que si el 9 de noviembre ignora la suspensión cautelar de la consulta soberanista que el próximo martes dictará el Tribunal Constitucional a petición del propio Ejecutivo habrá consecuencias.
La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dio a entender que, en caso de violación del veto por parte de la administración catalana o sus trabajadores, Artur Mas podría enfrentarse a responsabilidades legales de tipo personal y no solo a un posible delito de desobediencia a las resoluciones judiciales.
Santamaría indicó que si el 9-N el presidente catalán no da marcha atrás y los colegios e institutos públicos se usan, como ha planeado la Generalitat, para acoger las votaciones con urna y papeleta de la consulta separatista suspendida estará trasladando a los ciudadanos, y en especial a los funcionarios y directores de los centros, «una responsabilidad que él no quiere asumir (violar la resolución judicial) y que ellos no tienen por qué soportar».
De esta forma, añadió la vicepresidenta, «espero que Mas sea consciente de que si en el primer referendo (el prohibido el 29 de septiembre) estaba incumpliendo la Constitución, en el segundo vulnera además los derechos de los ciudadanos a los que gobierna, y esto es un paso más». Mostró su convencimiento de que, en ese caso, habrá dejado a estos funcionarios educativos «sin cobertura legal» y «los habrá colocado a la intemperie al obligarlos a asumir un incumplimiento de la resolución judicial que él no está dispuesto a asumir directamente».
La número dos del Gobierno, que realizó este análisis como contestación a si Mas «se iría de rositas» en el caso de que el 9-N se viole la suspensión del Constitucional por no existir convocatoria oficial de la Generalitat para la consulta, concluyó la respuesta negativa con una segunda advertencia al presidente: «Espero que, al menos en esta ocasión, cumpla con las resoluciones del tribunal». Para el Gobierno, de hecho, si el 9-N se viola la prohibición que en los próximos días anunciará el Constitucional no hay duda de que el principal responsable será Mas, aunque no haya decreto alguno. Santamaría dejó claro que, como se defiende en la impugnación que el Consejo de Ministros ordenó registrar ayer mismo ante el tribunal, él fue quien anunció la consulta alternativa con idéntica fecha y pregunta que la oficial suspendida; quien dijo que, en esencia, eran lo mismo; y quien puso en marcha, de forma consciente, un proceso sin garantías democráticas y con órdenes verbales y por correo electrónico a funcionarios y ciudadanos para «tratar de que la Generalitat eludiese sus responsabilidades».
Preparativos congelados
La vicepresidenta dijo que el Gobierno no ha querido dejar cabos sueltos. La impugnación que el Constitucional admitirá a trámite el próximo martes reclama que el tribunal decrete la suspensión cautelar de la votación independentista del 9-N y también de todos los actos de preparación de la consulta tanto previos como posteriores a la decisión de la corte.
Soraya Sáenz de Santamaría explicó que, en consonancia con el dictamen del Consejo de Estado, la fórmula elegida para el recurso es la de la impugnación de disposiciones autonómicas sin fuerza de ley, como cree que son las usadas por Mas para promover este sucedáneo de consulta de autodeterminación, o, de forma subsidiaria, el conflicto de competencia, por existir una invasión de las del Estado, el único con capacidad de convocar referendo. En cualquier caso, añadió, la suspensión de la votación secesionista será automática porque el Constitucional está obligado a decretarla con la mera admisión a trámite si así se lo pide el Gobierno en este tipo de recursos, porque lo dice de forma explícita la Carta Magna.
La impugnación, resumió Santamaría, busca asegurar la vigencia de la ley y la Constitución, «defender la democracia frente a su perversión», y garantizar los derechos de todos los catalanes.