Los inspectores se plantean combatir la corrupción revelando todos los datos fiscales

El caso Pujol es el último. Por ahora. Antes fueron Bárcenas, los ERE de Andalucía, Matas, Fabra... Esa corrupción que enfanga la política diaria en España está pillando con medios escasos a quienes antes podrían detectarla, los inspectores de Hacienda. «Es un problema que está demasiado extendido y hay que plantarle cara», apuntaba ayer el coruñés Ransés Pérez Boga, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda.

Esta asociación de funcionarios de la Agencia Tributaria le presentó al ministro de Hacienda, hace más un año, una batería de medidas, más de 200, para luchar contra el fraude y la corrupción, pero el equipo de Cristóbal Montoro las ha dejado en un cajón. Ahora las retoman con alguna propuesta más arriesgada. La principal, un «estriptís fiscal», en palabras de Pérez Boga, para que se hagan públicas todas las declaraciones de la renta de personas físicas y jurídicas. «Es un cambio brutal, pero que despertará la conciencia fiscal y la denuncia», apunta Francisco Vázquez, secretario de esta organización de inspectores.

La propuesta de desvelar los datos fiscales de todos los ciudadanos y empresas funciona en algunos países europeos. Y lo hizo en España a inicios de los 80, con la UCD en el Gobierno. «Sin embargo, esos datos los utilizaron grupos terroristas para exigir el impuesto revolucionario, y por eso se abandonó; por fortuna esta amenaza ya no es tal, y se puede volver a plantear», apunta Pérez Boga. La organización plantea esa transparencia total en varias fases: primero, las empresas y profesionales, teniendo en cuenta que a través del Registro Mercantil ya se puede tener acceso a las cuentas anuales de las sociedades. Y en una segunda fase, se «daría publicidad» también a la declaración de los particulares. «Habría que ver qué cantidad de información se puede dar, en qué condiciones... Pero si una persona sabe que sus datos serán públicos no se atreverá a defraudar», añade el presidente de los inspectores.

«Totalmente inviable»

Y es que la propuesta de los inspectores choca con la legislación actual sobre protección de datos. Pero también con el parecer de la Agencia Tributaria. Consultada ayer sobre esta propuesta, fuentes de ese organismo recordaron que «es totalmente inviable», y rechazaban entrar a valorar «futuribles», es decir, si este tema podría entrar a debatirse en Hacienda. Los propios inspectores admiten que medidas así supondrían «una revolución».

En todo caso, ese «no» de Hacienda tampoco sorprende. Los inspectores lamentan que «gobiernos de todo tipo» han evitado entrar a conciencia en la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal. Y ello pese a que, calculan, hay unos 14.000 millones para las arcas públicas solo en deudas pendientes. La reforma fiscal que completó este agosto Mariano Rajoy es el último ejemplo, «una oportunidad perdida», dicen, para ayudar a esta tarea.

Los inspectores inciden en un problema general: la falta de medios. Y eso enlaza con su segunda gran petición: la puesta en marcha de una oficina nacional de lucha contra el fraude, enmarcada en la aparcada reforma de la Agencia Tributaria. Esa nueva oficina estaría conformada por personal de Hacienda y también de la policía (hay que tener en cuenta el trabajo que realiza la UDEF) y la Guardia Civil (especialistas en aduanas). «Hay que darle a la Agencia Tributaria nuevos y más contundentes medios de lucha contra la delincuencia económica y fiscal», apunta su documento.

«Lo de Pujol no obedece a un arrepentimiento espontáneo, sino a que se ve descubierto»

Ransés Pérez Boga

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