Los retoques incluidos por Interior en el nuevo anteproyecto de ley aprobado ayer por el Gobierno no contentan a nadie, salvo al PP y a algún sindicato policial, pero no a todos.
El PP califica la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana como «una garantía para la tranquilidad cotidiana de nuestras calles» que «sanciona menos y mejor» y sin dejar de proteger el derecho a la manifestación.
El PSOE se mostró «radicalmente en contra» del proyecto por considerar que supone un «retroceso de muchos años» y que es «muy de derechas», según su secretario de Organización, Óscar López. Mientras, el portavoz de Izquierda Plural, José Luis Centella, aseguró que la futura ley aumenta el «carácter autoritario» del Gobierno, «criminaliza la protesta» y «sitúa fuera de la ley al disidente».
El Consejo General de la Abogacía Española reprocha el «rodillo» del PP y lamenta que se pase «de la patada en la puerta, de Corcuera» a «la patada del Estado de derecho».
De «innecesario» tachó Jueces para la Democracia el proyecto, ya que lo único que pretende es impedir determinadas críticas que son «especialmente incómodas» para el poder político.
Entre los sindicatos policiales hay opiniones diversas. Mientras el SUP considera que el texto es «indeterminado» e «inconcreto» y no aporta nada nuevo, la UFP lo ve «correcto» porque permitirá a los agentes «tener más claridad» a la hora de desarrollar su labor policial.