La pesca, ante su «bestia verde»

El sector gallego recela del Parlamento Europeo, una institución que solo le reprocha su sobrecapacidad sin reparar en su vertiente económica y social


Redacción / La Voz

En la era predebate, antes de que Arias Cañete perdiese toda su locuacidad -o de que su locuacidad le perdiese-, este sacaba pecho en la campaña para decir que, en materia pesquera, eran él o el caos. Y lo decía con el bagaje que le da haber sido ministro de Pesca cuando, por primera vez en la historia, la Comisión Europea corrigió al alza el total admisible de capturas (TAC) de merluza -los pescadores llevaban ya un lustro advirtiendo de su sobreabundancia-, de presenciar dos años consecutivos de subida de cuotas en las principales especies objetivo -con enormes peros, en casos como el de la caballa o el jurel-, y tras haber conseguido esquivar la prohibición que Bruselas perseguía para el arrastre y enmalle de fondo. Claro que a esos logros no se ha llegado de balde. Estrecheces de cuotas y planes de recuperación de especies han provocado que en el último tramo del camino (2009-2013) se hayan apeado del sector en torno a un millar de barcos. La flota española está hoy compuesta por 10.143 unidades (cifra del 2012), que dejan en ridículo aquella Armada Invencible cuyo desembarco temían en 1986 los diez países que entonces conformaban la UE.

Treinta años después, Europa ha aportado a la pesca gallega «el mayor mercado del mundo, imagen, caladeros y fondos» para modernización de flota, infraestructuras portuarias y desarrollo e innovación, recuerda Javier Touza, presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo. Y un principio -criterio, prefieren llamarlo los armadores- de estabilidad relativa, una clave fija de reparto de cuotas, que encorseta las posibilidades de un sector económico que se ha demostrado capaz de capear el temporal de la crisis y mantener el empleo pese a tener en contra la falta de financiación y el elevado precio del combustible.

Aportaciones

A cambio, la pesca ha dado a Europa «materia prima estratégica, seguridad alimentaria y riqueza para aquellas zonas dependientes de la pesca» -añade Touza-, tanto aquí, como en el exterior, contribuyendo, incluso, a mitigar el problema de la inmigración, al fijar población allí donde se asientan las empresas gallegas en su casi obligada internacionalización.

Pero aunque ha habido beneficios mutuos, la pesca gallega no se siente comprendida por Europa. Primero, porque, por su complejidad técnica, hay políticos y funcionarios que directamente no la entienden y dictan normas despegadas de la realidad. También porque no todos los socios tienen intereses pesqueros como España y, a veces, se ve sola para defender cuestiones básicas. Pero, sobre todo, porque, pese a ser la pesquera una política común, es «la menos común de todas», con tantas excepciones que incluso se restringe la libre circulación de capitales para impedir que un armador gallego alquile o compre derechos de pesca a otro británico o francés al que le sobran. Es algo en lo que coinciden Torcuato Teixeira, de Pescagalicia; Eduardo Míguez, adjunto a la dirección de Puerto de Celeiro, y el mismo Touza, que hilan esa crítica con la falta de arrojo y de ambición que tuvo la última reforma de la política común de pesca (PCP).

«Lavado de cara»

El proceso que pretendía dar un vuelco total a la gestión pesquera, después de que Europa admitiese el fracaso de todas las políticas anteriores, se quedó en «un simple lavado de cara», dice Míguez, en el que sobrevivieron los TAC y cuotas, la imposibilidad de cambiar cuota entre empresarios de distintos países y el principio de estabilidad relativa.

Trajo, sí, una novedad: la prohibición de los descartes -capturas accesorias-, a la que, además del empeño de la actual comisaria, Maria Damanaki, abocó el Parlamento Europeo. Ese que ahora tienen que ir a renovar en las urnas se ha convertido en la última legislatura, desde que tiene poder de codecisión con el Consejo Europeo, en la «bestia verde» del sector. «Si teníamos esperanza de que la Eurocámara fuese sensible a los problemas económicos y sociales del sector nos hemos visto defraudados», señala José Ramón Fuertes, gerente de la Cooperativa de Vigo. La pesca necesita «debate a nivel técnico más que político». De ahí que una de sus peticiones a los partidos fuese que enviase al hemiciclo de Estrasburgo expertos en la materia, más que nada para evitar sobresaltos como el que ha puesto contra las cuerdas a los palangreros tras imponer la política de aletas de tiburón adheridas, a los cefalopoderos fuera de Mauritania o a los arrastreros silbando de alivio por cuatro años de amnistía.

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