El debate era trascendental porque se ponía en disputa la esencia misma de la democracia. Los soberanistas reclamaban la capacidad para convocar la consulta apelando a una supuesta voluntad ciudadana para ejercer su derecho a decidir. Este argumento obvia que eso es algo que ya vienen haciendo los catalanes, y los no catalanes, desde que España recuperó la democracia hace 37 años. Y esconde que la libertad solo es posible si se ejerce desde el respeto a la legalidad que uno mismo ha ayudado a crear.
Pero también es cierto que solo se es libre cuando la voluntad que anima la norma concuerda con la voluntad ciudadana. Y puesto que las sociedades son organismos vivos y, por ello, en evolución, hay que ir adaptando ambas voluntades. La norma no puede ser una trinchera. Cierto. Pero, en sentido contrario, nadie puede saltarse los procedimientos unilateralmente ni imponer su voluntad, por ampliamente compartida que sea, a la totalidad. Eso es simple y llanamente totalitarismo. Como las concepciones esencialistas de nación. Las comunidades se construyen. Y se construyen desde el pluralismo, el reconocimiento al diferente y la creación de un espacio común, fundamento de la Constitución y único lugar en el que es posible cualquier solución. Aunque sea reformándola, un proceso que solo es posible desde el consenso.
Lo contrario, la ruptura, es un salto en el vacío que siempre acaba mal. Excitar los ánimos ciudadanos con propuestas imposibles es una irresponsabilidad que solo puede desembocar en una peligrosa frustración social. Y el culpable será quien no solo es incapaz de ir al Congreso a defender su propuesta, sino que, incluso, se permite amenazar con seguir adelante con el proceso al margen de la legalidad y desoyendo la voluntad de los representantes del pueblo. Así se autorretrata y se deslegitima.