La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, mostró su sorpresa ante un dato surgido durante la elaboración de estos dos proyectos de ley que componen el plan de regeneración democrática. A 31 de diciembre del 2013, había 4.080 partidos dados de alta en el registro del Ministerio del Interior, de los que 2.502 no han tenido actividad alguna desde el 2004. Hay cientos de los que no consta que existan desde 1981. El Ejecutivo quiere pactar con el resto de formaciones la posibilidad de actualizar este registro finiquitando las entidades obsoletas.
El proyecto de ley orgánica de control de la actividad económica de los partidos incluye, además, la obligación para todas las formaciones políticas de actualizar sus estatutos y, de no hacerlo en el plazo previsto, les impedirá poder realizar cualquier otra anotación en el registro.
En un primer momento, el proyecto contemplaba la posibilidad de proceder a la cancelación de los partidos inscritos que no actualizaran sus estatutos en el plazo fijado, aunque el Gobierno finalmente ha eliminado esa posibilidad, a instancias del Consejo de Estado, que ha considerado que podía interpretarse como una «ilegalización de facto» sin el procedimiento regulado legalmente. No obstante, Soraya Sáenz de Santamaría hizo hincapié en la necesidad de actualizar el registro de partidos.