A diferencia de su hermana, que no abandonó el estrecho círculo de la nobleza para casarse, Cristina fue la moderna de la familia real. Una profesional bien preparada que vivía de su trabajo, alejada de la corte y que se emparentaba con un plebeyo. El matrimonio simbolizaba el triunfo por méritos propios y la superación del clasismo. Lo que convenía a una España exultante, borracha de dinero fácil, grandes acontecimientos internacionales y pelotazos urbanísticos. La burbuja pinchó y dejó tras de sí un rastro de desolación, en el que los principales paganos son los que menos tienen, no los más culpables. De igual modo, la pareja ascendió mucho más allá de lo razonable y con métodos sospechosos, por lo que el estruendo de la caída ha sido mayor y con considerables efectos colaterales.
Porque la declaración de la infanta conlleva consecuencias indeseables para las instituciones. Que eluda la realidad para defenderse es comprensible en lo personal, pero con ello enfanga la dignidad de su cargo. Aunque lejana, es heredera de la Corona. Y alguien que representa a una institución del Estado no puede burlar a la Justicia. Si para protegerse debe hacerlo, debería renunciar antes a sus derechos dinásticos. Porque de lo contrario estaría causando un daño enorme a la monarquía. Que es el que aún está a tiempo de evitar, porque los demás males ya tienen difícil reparación. Incluido el de presentarse como una mujer ignorante de la procedencia del dinero que maneja y que se deja llevar sin la más mínima reflexión por las decisiones de su marido. Arrastra así su imagen de profesional competente, la de las mujeres en general, que tanto han tenido que luchar para dejar de ser vistas como dependientes de un marido, y la de una monarquía responsable ante su pueblo. La declaración de la infanta ha sido como un viaje en el tiempo, a la época de las cavernas.
En la Frontera