El sistema de financiación es la piedra angular del Estado de las autonomías. Sin suficiencia financiera todo el entramado autonómico se derrumbaría como un castillo de naipes. Con una distribución desigual de los recursos se diluiría el Estado, que se fundamenta en su capacidad para asegurar la solidaridad entre sus ciudadanos. Pero el desarrollo competencial no ha ido acompañado de la correspondiente autonomía financiera de las comunidades, que han vivido cómodamente sin asumir el coste de la corresponsabilidad fiscal. El sistema es extremadamente dependiente de las transferencias. Con dos consecuencias nefastas: una, que las comunidades han gastado sin medida, en función de intereses electorales, porque no respondían de sus decisiones; y, dos, que el Gobierno central, también por intereses políticos, ha utilizado el sistema para comprar apoyos.
El resultado ha sido un sistema de financiación lleno de parches, complejo, ineficiente y poco transparente. En la abundancia no ha habido excesivos problemas porque había para todos, pero ahora toca repartir pobreza y cada uno reclama lo suyo, aunque no haya para nadie. Es vital un nuevo sistema que garantice tanto la suficiencia como la equidad, entre territorios pero sobre todo entre ciudadanos. Y bienvenidas sean las balanzas fiscales si sirven para dar transparencia al sistema, no para ser usadas como armas arrojadizas.