Susana Díaz es quizás la segunda persona con más poder en el PSOE, tras Rubalcaba, y una de las que tenga mayor recorrido futuro. Eso sí, siempre que logre desembarazarse de dos lastres: su elección prácticamente a dedo por Griñán, ayudada por su propio control del partido en Andalucía, y la alargada sombra de los ERE fraudulentos. Para desembarazarse de esas cargas ha decidido romper con el legado de su antecesor y ponerse la primera en la marcha contra la corrupción. Pero no le va a resultar fácil. Porque la telaraña de las corruptelas alcanza al tejido social y político que la sustenta. Aunque está por ver hasta dónde es capaz de llegar, es loable que al menos dé un paso al frente. Lo contrario de lo que han hecho los dirigentes sindicales, que han reaccionado con afectada indignación ante las detenciones ordenadas por la jueza Alaya. A estas alturas, caben pocas dudas de la existencia de una trama que se aprovechó de las ayudas a los ERE para saquear las arcas públicas. Las responsabilidades serán precisadas por los tribunales. Pero hacerse el ofendido dadas las circunstancias es hasta ofensivo. Cosa distinta es que haya quien tire por elevación para cargar, por intereses espurios o ideológicos, contra los sindicatos. Lo que es tan indigno como indignante. A ello contribuye una instrucción judicial que a veces parece más bien una causa general. Los jueces deben ser justos, no justicieros, que es lo que a menudo parece estar en el ánimo de Alaya. Cierto que si comete excesos serán corregidos en el proceso. Pero entonces el daño ya estará hecho.