Cuando Javier Arenas y María Dolores de Cospedal declaren ante el juez, ya se habrá producido la comparecencia de Rajoy en el Parlamento. El orden cronológico de esas explicaciones es relevante, porque lo que diga mañana el presidente del Gobierno sobre la contabilidad del PP marcará lo que puedan decirle al juez Pablo Ruz la actual secretaria general del partido y su antecesor en el cargo. Esa especie de ratificación judicial inmediata que tendrá la comparecencia de Rajoy refuerza aún más la exigencia de que el líder del PP diga mañana la verdad y toda la verdad. Entre otras cosas, porque lo que él no acceda a decir se lo preguntará el juez Pablo Ruz a su número dos el próximo día 14 en la Audiencia Nacional. Es obvio que Rajoy tendrá que consensuar su discurso con la secretaria general para evitar contradicciones que serían perjudiciales en términos judiciales y letales en términos políticos para el presidente del Gobierno. Sin embargo, el juez ha dejado un cabo suelto que será imposible de sujetar por el líder del PP. Francisco Álvarez-Cascos, que fue seguramente el secretario general con más poder en Génova 13, no pertenece ya al Partido Popular. Álvarez-Cascos no se siente atado por la necesidad de defender al partido, como si lo están De Cospedal y Arenas, y no tiene más afán que defender su propia inocencia. Pero es que Cascos no solo fue el secretario general -o general secretario, como se le conocía entonces-, sino que aparece en los papeles de Luis Bárcenas como gran recaudador de dinero negro. El juez puede apretar muy fuerte al ex presidente asturiano. Y, si Rajoy, De Cospedal, Arenas y todo el PP no lo amparan, Álvarez-Cascos podría convertirse en un nuevo Bárcenas que podría utilizar el ventilador para tratar de diluir sus responsabilidades.