El cambio en la estrategia defensiva de Bárcenas ha sacado a la luz una parte de los trapos sucios de la financiación del PP, revelando prácticas corruptas en la captación y distribución de fondos. Bárcenas es un presunto delincuente, pero no un delincuente cualquiera. Durante veinte años ha formado parte del restringido núcleo de dirección del PP, bajo las ordenes de Aznar primero y de Rajoy después. Incluso fue elegido senador.
Él y Álvaro Lapuerta, como antes Naseiro y Sanchis, tenían el trabajo de recaudar los fondos para financiar los gastos del PP. Y ahora, según los papeles de Bárcenas, sabemos cómo lo hicieron: cobrando comisiones ilegales a empresas que a cambio se vieron beneficiadas en la adjudicación de contratos de obras y de servicios públicos. Esto es, corrupción a lo grande, corrupción en estado puro. Saber el grado de conocimiento concreto que tenían Aznar y Rajoy sobre estas prácticas es algo que determinará el juez Ruz. Pero en líneas generales ya lo sabemos, entre otras cosas, porque están escritas de puño y letra por la persona a la que le encargaron el trabajo. El PP, según su tesorero, se financió irregularmente al menos durante veinte años, para pagar con ese dinero negro otros gastos también en negro. Sobre todo, los costes de las campañas electorales, pero también los sobresueldos de sus dirigentes.
Si Bárcenas es capaz de demostrar lo que dice que estuvo haciendo durante veinte años, las consecuencias sobre el PP serían terribles. Estaríamos delante de un partido corrupto, con un equipo de dirección corrompido, que ha metido la mano hasta el fondo en la caja cobrando sobresueldos escandalosos.
El mismo partido que no quiso adoptar decisiones ya hace 25 años cuando se procesó a Naseiro, y que hoy vuelve a estar en lo mismo o peor. Porque es difícil que los millones de euros, de los que aún no tenemos la cifra final, en Suiza y otros paraísos fiscales, sean solo de Bárcenas. Un partido que se ha financiado ilegalmente y que, sobre todo, ha ganado los comicios cometiendo un delito electoral. La ley electoral establece un máximo de gasto en las campañas, pero los grandes partidos, los que ganan las elecciones y forman gobierno, superan con mucho este límite. Compiten con trampa, se dopan, porque tienen más medios que los demás. Y como ese sobregasto no lo pueden declarar buscan también financiarse en negro. Una práctica que pone en cuestión el trabajo del Tribunal de Cuentas, venerable institución pero absolutamente ineficaz en una tarea clave como es el control de la financiación de los partidos.
Es Bárcenas, sin duda, pero también es el PP y, por lo tanto, el sistema. En una situación de angustia generalizada ante la crisis económica y del empleo, la exhibición de tanta podredumbre institucional abre la puerta a alternativas indeseables, a salidas populistas y autoritarias. La democracia tiene que funcionar ya, porque la gravísima situación política en que estamos, o se resuelve por vías democráticas, por los cauces de participación pública establecidos en la Constitución, o nos adentraremos en un terreno muy peligroso.
El PP tiene la responsabilidad máxima y urgente de actuar aclarando sus cuentas, la responsabilidad de sus dirigentes, y ofreciendo una salida inmediata a la crisis política. Rajoy no puede seguir usando la táctica del avestruz, porque cuanto más retrase sus explicaciones más acerca su dimisión. Pero hay más. El PP y todas las demás fuerzas deben realizar una auténtica catarsis, una regeneración de la vida democrática que nos traiga una democracia real ya.
Manuel Lago es economista