A populares y socialistas aún les separa hacia el pacto el órgano de control, el régimen sancionador y las obligaciones de publicidad e información
08 jul 2013 . Actualizado a las 07:00 h.PP y PSOE se dan quince días para cerrar el pacto político de mayor calado de la legislatura, la ley de transparencia, consenso en el que aspiran a enrolar al menos a CiU y PNV. El principio de acuerdo ya existe, pero a partir del miércoles, junto al resto de los grupos, se encerrarán en el Congreso durante día y medio para tratar de resolver las numerosas diferencias que todavía les separan y que no permiten asegurar que defenderán ante el pleno un texto común. IU y UPyD ya anticiparon que no estarán en el consenso porque consideran que la ley es poco ambiciosa y muy restrictiva.
Los grandes escollos para el acuerdo entre los dos partidos se vencieron cuando el Gobierno aceptó en mayo extender la ley que obligará a publicar en una web todas las actuaciones relevantes de las Administraciones públicas (cuentas, contratos, convenios, subvenciones, sueldos, bienes, incompatibilidades...) a la Casa del Rey, los partidos, la Iglesia y entidades privadas con sustanciales ingresos públicos; renunció a que fuese el ministro de Hacienda quien sancionase a altos cargos autonómicos y locales por infracciones a la ley de estabilidad presupuestaria; y admitió que el órgano que velará por el cumplimiento de la norma, el Consejo de Transparencia, será independiente del Ejecutivo.
Antes de saber si el 23 de julio el texto de la ley que aprobará el Congreso estará pactado, populares y socialistas tendrán que poner a prueba sus dotes negociadoras para acercar posturas en aspectos sustanciales como la elección del presidente del órgano de control, las discrepancias en el régimen sancionador y en obligaciones de publicidad, en los límites a las demandas de información del ciudadano, y hasta en la fecha en que entre en vigor la norma.
A los socialistas no les basta con que el presidente del Consejo de la Transparencia que nombre el Gobierno por cinco años deba ser ratificado por la mayoría absoluta del Congreso. Reclaman mayores garantías de independencia, como que lo designe el Parlamento, que precise de los tres quintos, lo que exige pactos, y que su mandato sea de seis años. También quieren que el consejo consultivo tenga menos representantes de la Administración y más expertos y delegados de colectivos sociales.